La Seguridad Social investiga entre 150 y 200 expedientes por supuesto fraude en Baleares cada semestre. Así lo explicó este martes la responsable de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social en las Islas, María Jesús Espinosa, con motivo de la constitución de la comisión provincial en Baleares del Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. Se trata de un órgano colegiado de ámbito estatal, del que también forman parte sindicatos y patronal, cuyos objetivos son, precisamente, analizar los datos para identificar posibles conductas irregulares, realizar actuaciones de inspección e impulsar mecanismos para evitar el fraude.
Según datos de los primeros seis meses de este año, la Seguridad Social investiga si 80 sociedades registradas como empresas son en realidad entidades laborales ficticias y también estudia 35 casos de posibles autónomos falsos. De estos expedientes, hasta el momento ya se han detectado cuatro empresas y otros siete autónomos ficticios, por lo que ya hay una propuesta de sanción. Además, se han descubierto 70 altas fraudulentas a la Seguridad Social, algunas de las cuales formaban parte de las cuatro empresas ficticias.
Por otra parte, hay 40 expedientes en marcha por presuntos delitos contra la Seguridad Social, que son los tipificados en el artículo 307 del Código Penal. Asimismo, ya se han presentado 10 demandas judiciales por supuesto delito, que afectan sobre todo a los sectores de la construcción y la hostelería, según detalló Espinosa. El fraude a la Seguridad Social consiste en la defraudación de una cantidad superior a los 50.000 euros, ya sea eludiendo el pago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, ya sea obteniendo devoluciones o beneficiarse de deducciones de manera indebida.
La presidenta de la comisión y directora provincial suplente de la Tesorería General de la Seguridad Social, Socorro Carbonell, explicó que el nuevo órgano recién constituido va a analizar los datos para identificar posibles conductas irregulares y de fraude en materia de afiliación, cotización y recaudación a la Seguridad Social. Se podrán ordenar controles de inspecciones sobre determinadas actuaciones detectadas y se podrán encargar estudios monográficos. De todos esos análisis se sacarán conclusiones que se enviarán al pleno del Observatorio que está en los servicios centrales, en Madrid. «Todas las provincias recogerán las incidencias que se producen, de modo que se podrá prevenir el fraude con antelación si conocemos las actuaciones que se han llevado a cabo en unas provincias, pero aún no habían llegado a otras», avanzó.
Por su parte, el delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey, quien asistió a la constitución del Observatorio, valoró la «misión importantísima» de este órgano ya que para garantizar y reforzar el sistema de pensiones hay que luchar contra el fraude.
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