Algunas de las cláusulas y los gastos que se reclaman todavía provocan interpretaciones diferentes en los tribunales. La Audiencia Provincial, por ejemplo, no incluye el gasto de la tasación y se discuten otros como los del notario. | Efe

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Las demandas contra bancos para reclamar por cláusulas hipotecarias abusivas han provocado un monumental atasco y la necesidad de destinar a cuatro jueces para digerirlo en Mallorca. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, Baleares es una de las autonomías donde más lenta está siendo la resolución de estos asuntos: sólo se han solventado el 45 por ciento de las demandas presentadas y quedan más de 6.000 pendientes de las casi 11.000 presentadas.

En Mallorca todas las reclamaciones las recibe el Juzgado de Primera Instancia 17 de Palma. A la titular de este órgano se han sumado dos jueces más y un sustituto, en total cuatro para abordar estos asuntos. La Comisión Permanente del Consejo aprobó la última medida de refuerzo el pasado 31 de octubre con la renovación de la adscripción de un juez por al menos seis meses más. En Ibizay Menorca se ha especializado un juzgado en cada Isla para asumir estas causas.

Sentencias

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En total, desde que comenzaron a funcionar estos órganos en Baleares han dictado 3.479 sentencias. La inmensa mayoría de ellas han sido estimatorias, con un porcentaje que supera el 96 por ciento. De forma reiterada se anulan las cláusulas que son controvertidas y se condena al banco a devolver una serie de gastos. Sin embargo, persisten una serie de cuestiones aún por resolver y desacuerdos entre los distintos órganos: por ejemplo, así como el juzgado condena a los bancos a devolver los gastos de tasación, la Audiencia Provincial les exonera de ese pago. En torno a esas discusiones se juega en muchos casos el pago de las costas procesales que hacen que, si estas no se imponen a las entidades bancarias, la cantidad que cuesta el procedimiento casi iguale a lo que se recupera por parte de los consumidores.

La titular del juzgado ha elevado además una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para clarificar criterios después de varias resoluciones del Tribunal Supremo.

En la mayoría de comunidades autónomas el ritmo de resolución de asuntos es ya superior al de nuevos casos que entran, algo que también ocurre en la media nacional. En Baleares, por el momento no ocurre así. Al finalizar el segundo trimestre del año la tasa de resolución era de un 76 por ciento, sólo por encima de las que presentaban Navarra y la Comunidad de Madrid. La media nacional estaba en un 118 por ciento.