«Desconocemos el impacto económico real, pero nos ha salido más caro. Esto no lo pone nadie en duda», indicaron representantes de varias clínicas privadas.
Pactar precios
La Comisión Nacional de la Competencia, a instancias del Tribunal Supremo, se vio obligada a imponer sanciones por un valor de cuatro millones a las citadas empresas porque entre 2003 y 2012 pactaron precios, intercambiaron información y otras condiciones comerciales.
Asimismo, la investigación realizada acredita que entre los años 2005 y 2012, las empresas no presentaron ofertas por los mismos lotes o licitaciones públicas relativas a la gestión de residuos sanitarios en las Islas. Competencia afirma que «hasta 2010 no hubo competencia en este sector».
Los diferentes grupos de clínicas privadas puntualizan que se deben «respetar las decisiones de los órganos de control y seguimiento de la Administración pública y las garantías de los afectados».
El principal afectado por este monopolio encubierto ha sido el IB-Salut, pero ayer sus responsables no pudieron realizar ningún tipo de declaración por encontrarse en Madrid.
Todo el sistema sanitario balear ha pagado más de lo que debía por la retirada de los residuos sanitarios en sus instalaciones.
La entrada de Adalmo
El mercado de la gestión de los residuos sanitarios estaba controlado por dos grupos de empresas, una madrileña y otra mallorquina. La entrada en este sector de la sociedad Adalmo, de capital mallorquín, fue lo que destapó una situación irregular, la concesión y licitación de los concursos públicos en las Islas.
La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han tenido que actuar para poner orden y evitar el monopolio que existía. Ahora, la situación se ha normalizado y este sector sanitario opera en un régimen de libre competencia, tal y como señalan representantes del sector sanitario balear.
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