Después de atender a las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, Santiago ha procedido a dar respuesta a las preguntas y ha recordado que «los servicios sociales no deben perseguir el delito, son las fuerzas de seguridad que dicen qué niños son y no son prioritarios».
A lo largo de su exposición, Fina Santiago ha recordado que desde que en el año 2015 les alertan de un repunte de casos de explotación sexual infantil se ponen a trabajar dentro de sus competencias, con protocolos de detección, formación y colaboración con la Fiscalía».
Santiago ha acusado a la Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía de no haberse comprometido en las actuaciones que deben hacerse después de detectar las fugas o no retornos de los jóvenes tutelados por el IMAS. Así ha revelado también: «Teníamos el acuerdo verbal con la fiscalía de dar prioridad a los niños fugados de un centro de menores que fueran explotados sexualmente o que tuvieran la presunción».
En la comparecencia, la consellera ha querido dejar claro que, desde sus competencias, han tomado medidas. Desde Servicios Sociales, no obstante, ha dejado claro que no lo pararan todo.
Fina Santiago ha defendido durante más de tres horas su gestión de los centros de menores del Govern frente a la firme petición de dimisión formulada por PP y Vox con ocasión de una comparecencia sobre abusos sexuales a menores.
Santiago ha recordado que su departamento ha despedido desde el año 2016 a cinco educadores -cuatro mujeres y un hombre- de centros de internamiento de menores del Govern por conductas sexuales inapropiadas que, en ninguno de los casos, llegó a la consumación del acto sexual.
La titular de Servicios Sociales ha sostenido se ha actuado con la «máxima diligencia y contundencia» ante este tipo de comportamientos y se ha dado un «mensaje claro» con el despido inmediato.
