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El Govern trasladará al Ministerio de Educación la oposición de los docentes al plan para reabrir las escuelas –sólo a una parte del alumnado– el 25 de mayo, coincidiendo con el inicio de la segunda fase de la desescalada.

El conseller d'Educació, Martí March, se reunió este jueves con los sindicatos de profesores, la escuela concertada y las asociaciones de directores de Primaria y Secundaria para recoger sus aportaciones al borrador del plan de desescalada. Todos sin excepción rechazaron o expresaron sus dudas sobre la posibilidad de retomar las clases presenciales, por distintos motivos: porque difícilmente podrán garantizarse la medidas sanitarias (según entiende una parte de los sindicatos), por el trabajo extraordinario que supondría para los docentes compaginar las clases presenciales y las telemáticas, para evitar la «brecha» que surgiría entre el alumnado si una parte acude a la escuela y la otra no, o por la dificultad de reorganizar nuevamente el curso. No obstante, sindicatos, escuela concertada y directores aportaron ideas para «mejorar» el borrador.

El conseller aclaró que el criterio sanitario determinará el posible regreso a las escuelas y que el Govern debe tener un plan para afrontarlo. Al parecer, el meollo está en saber qué institución debe decidir sobre la reanudación de las clases presenciales: ¿Balears o Madrid? Al trasladar el parecer de la comunidad educativa a Madrid, March da a entender que esta decisión la tomará el Gobierno. Sin embargo, Tino Davia, de UGT, aseguró que March había dicho en la reunión que si lo decidía el Gobierno se cometería una «invasión de competencias» porque las competencias en educación son autonómicas. Según Davia, las competencias son de las autonomías «sin lugar a dudas».

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Otras comunidades (como Andalucía) ya han dicho que el 25 no recuperarán las clases presenciales, aunque fuentes del Govern descartaron adoptar una posición «insumisa».
Entre los docentes, el rechazo a retomar las clases presenciales este curso va creciendo. Por un lado, el STEI hizo ayer público que el 93 por ciento de los 3.229 maestros y profesores que han participado en una encuesta del sindicato creen que «no se dan las condiciones» para reabrir las escuelas y que se debería esperar a septiembre. Por otro, el sindicato ANPE ha recogido ya más de 2.300 firmas de profesores en este sentido.

Conciliación

Los familias tampoco están claramente a favor de reabrir las escuelas el 25. Albert Lobo, el presidente de la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos (FAPA), dijo este jueves que ellos han reclamado medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar ante el reinicio de la actividad económica y que la única propuesta que se les ha hecho es la de retomar el curso, pero que también tienen dudas sobre las medidas de seguridad sanitaria. Lobo dijo que aceptarían otras soluciones y que han pedido una reunión con Armengol.