Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament, en la que ha destacado que el Govern apostó por la renta social garantizada «para reducir la crisis económica».
En este sentido, Santiago ha matizado que fue «necesario reducir y flexibilizar el nivel de exigencia que se tenía para solicitar» la Resoga antes del estado de alarma. Por este motivo, el Govern ha aumentado en más de 6.500 familias el número de receptores de estas ayudas que no tenían «ningún tipo de ingresos».
Asimismo, la consellera ha explicado que con la incorporación al sistema de cobertura especial estas familias, la nómina de mayo de la Renta Social Garantizada es de 5.577.000 euros. La parte ordinaria es de 1.968.000 euros y la extraordinaria de 3.609.000 millones.
La consellera ha agradecido la labor realizada por los funcionarios y entidades que han gestionado con un tiempo récord más de 6.500 solicitudes. «Han hecho un trabajo excepcional», ha subrayado, a la vez que ha detallado los cambios que se han introducido en Servicios Sociales en la fase I del desescalada.
Por parte del Partido Popular, que fue quien solicitó la comparecencia de la consellera, la diputada Marga Durán le ha pedido «tener autocrítica». Además, le ha preguntado si hay algún plan para las residencias de mayores y dependientes en caso de rebrote. «¿Se están comprando EPI?», ha cuestionado.
Ante esto Santiago le ha recordado que el responsable de la gestión de residencias es el Consell de Mallorca y que la privatización de residencias y servicios públicos «siempre lo ha hecho el PP».
A continuación, la diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor ha preguntado a la consellera Santiago cómo valora el servicio de teleasistencia que se ha realizado durante el estado de alarma. «Es importante que no se deje a nadie atrás, que todos puedan conservar las prioridades básicas», ha remarcado. A lo que Santiago lo ha calificado de «altamente positivo».
El diputado de Ciudadanos Juanma Gómez también ha preguntado por los posibles rebrotes. En este sentido, ha cuestionado sobre si desde la Conselleria de Asuntos Sociales se exigirá una homogenización de los protocolos de prevención tanto en residencias privadas y públicas.
Además de plantear las posibles medidas de conciliación que el Govern podrá en marcha, la diputada de Vox Idoia Ribas ha afeado a la consellera Santiago que siga en el cargo pese a los casos de presunta explotación sexual de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). La consellera, en este sentido, ha vuelto a recordar que «no son competencia de la Conselleria».
Vox ha querido saber si el Govern está rehaciendo los presupuestos de la comunidad para «atender las necesidades de las personas más vulnerables» ante la crisis social y económica derivada de la gestión sanitaria del coronavirus. «Las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes», ha insistido Ribas.
Por otra parte, la diputada de El PI Lina Pons ha preguntado si la renta social garantiza y el ingreso mínimo vital del Gobierno serán compatibles. Además, ha alertado sobre el peligro en torno a la salud mental y, por ello, Pons ha preguntado cómo lo piensan gestionar.
Después, la diputada del PSIB Beatriz Gamundí ha asegurado que la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ha dado una «respuesta digna». «Le hago un reconocimiento a la consellera y a todo el departamento por su trabajo durante esta crisis», ha matizado.
Por último, al igual que Pons, ha planteado cómo se combinarán la renta social garantiza del Govern y el ingreso mínimo vital del Gobierno.
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Para el presupuesto del Govern, convendría saber si esta renta mínima autonómica será sustituida por la renta a nivel nacional.