Caricatura de Joan Gual de Torrella. | M. PINTO

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Bucear en la biografía profesional y política de Joan Gual de Torrella confirma que se trata de un personaje excepcional, al menos en su acepción más rigurosa de fuera de lo común. Y es que pocos empresarios con su bagaje de fracasos acumulados a sus espaldas logran el beneplácito y el apoyo de los dirigentes institucionales, como es este caso con la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Tras la estrepitosa derrota del PP en 2015, Gual de Torrella llega a la apetitosa presidencia de la Autoritat Portuària de Balears, un ente público que depende del Ministerio de Fomento –gestiona los puertos de titularidad estatal en las Islas– pero sobre el que el poder autonómico tiene un papel fundamental. De hecho, es Armengol la que propone su nombre de manera unilateral; el quejido de Podemos de manos de Alberto Jarabo fue acallado de inmediato. Había llegado el momento de hacer tabla rasa con el pasado de la APB, un auténtico polvorín cuyos sucesivos estallidos habían salpicado por igual al PP y al PSOE; y es que el dinero no entiende de ideologías. Y menos cuando se trata de mucho dinero.

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El sector náutico de Baleares trabaja con cifras astronómicas, la capacidad de negocio es inmenso cuando el mercado está saturado y la competencia hay que buscarla a demasiadas millas en el horizonte. Clubes náuticos, amarres, marinas, restaurantes, bares, ... todo lo que linda con el mar es negocio; un gran negocio.

En este proceloso terreno ha sucumbido Joan Gual de Torrella, que defiende su inocencia para continuar en el cargo. Los grandes partidos no quieren cargar contra este restaurador que ha cerrado con deudas todos los establecimientos que ha abierto y que se ha labrado una carrera paralela, como dirigente institucional de la Cámara de Comercio y de la Autoritat Portuària. Entre sus colegas del empresariado balear no goza de gran predicamento, no en balde se fijan primero en la solidez de las cuentas bancarias que en los apellidos del interlocutor; una actitud muy diferente al de la política. Su futuro es incierto, entre otros motivos porque está pendiente del trato que le dé Madrid a un episodio en el que se interfieren disputas personales entre sus colaboradores –el papel de la abogada del Estado Pilar Ripoll es determinante– con los intereses de antiguos acreedores. La Fiscalía y la Guardia Civil no ha decepcionado con su habitual escenografía, lo cual no es garantía de nada vistos los antecedentes.