Bartolomé Barceló: «Los fiscales instarán al juez el desalojo cautelar de los okupas»

Las instrucciones van en la línea de agilizar la respuesta a los okupas.

—La Instrucción de la Fiscalía General va dirigida a los fiscales, la que yo dicté iba dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a cómo tenían que actuar ante ocupación ilegal de inmuebles, sea en la forma de allanamiento o de ocupación. Ahora el fiscal tendrá que instar como medida cautelar el desalojo inmediato de las personas que han entrado ilegalmente, naturalmente, se tienen que valorar las circunstancias de cada caso en concreto.

¿Había una cierta confusión policial a la hora de actuar?

—Lo que ocurre es que la jurisprudencia que ha existido sobre la materia ha absuelto por que decía que había un estado de abandono del inmueble o de necesidad. Aquí puede haber discrepancias, pero no es una cuestión policial sino una cuestión judicial. Quien tiene que decidir si hay o no delito es el juez cuando se dicta sentencia o se instruye.

¿Planteaba un problema que no se actuara en viviendas en las que sí vivía el propietario?

—Puede haber casos para todos los gustos, como el propietario que quiere sacar al inquilino que tiene un contrato de arrendamiento diciendo que esta ocupando ilegalmente la vivienda. Existen grupos organizados que okupan inmuebles y después los alquilan a terceros de buena fe, normalmente en situación precaria. Son las personas más vulnerables. La Constitución dice que los poderes públicos garantizarán el derecho a una vivienda digna, pero tiene que ser la administración. No puede ser que se pretenda que se haga efectivo este derecho a costa de un particular que muchas veces lo necesita para su propia subsistencia.

¿Qué evolución se ha notado desde su instrucción?

—No me llegan más que las noticias que se me dan desde la policía y de la Guardia Civil y me dicen que esto ha contribuido a paliar los efectos de la okupación ilegal aquí en Baleares.

¿Está justificada la alarma por las ocupaciones o no están tan extendidas?

—Hay hechos delictivos que crean más alarma social que otros. Evidentemente hay una alarma social porque la gente está preocupada. Hay quien conoce casos o que ha sufrido la ocupación de un inmueble de su propiedad y, como consecuencia de eso han visto las consecuencias. Que se han encontrado la casa destrozada, que han tenido problemas para que salieran los ocupantes... Y todo esto, evidentemente, crea cierta alarma social.

¿El desalojo exprés se aplicará también en viviendas de entidades bancarias?

—Hay que estar y analizar cada caso concreto, la regla general es que sí, pero no hay que olvidar que la ocupación ilegal de inmuebles deshabitados es un delito leve, lo que antes eran faltas.

¿Cómo valora el nombramiento de Julio Cano como teniente fiscal?

—De una forma muy positiva porque creo que es una persona con sentido común y sólida preparación jurídica. Tenemos una estupenda relación personal y espero que la relación con él sea igual que la que tuve durante muchísimo tiempo con el anterior teniente fiscal, Ladislao Roig.

¿Funciona la Fiscalía con normalidad con la pandemia?

—Yo creo que las complicaciones de la Fiscalía no son sólo motivadas por la pandemia, que las agrava, sino por la cantidad de asuntos y de decisiones que se tienen que tomar para prestar el servicio que se nos exige.

Han relanzado un protocolo con los abogados para intentar agilizar asuntos y responder a las exigencias.

—Muchas veces se podría llegar a una conformidad antes del señalamiento del juicio y esto todavía no está funcionando como debería. Soy partidario de las conformidades porque se garantiza una sentencia condenatoria y la respuesta es más rápida que si se tienen que celebrar el juicio y los recursos se alargan mucho, aunque se tenga que ceder en algún aspecto.

¿Existe riesgo de colapso del sistema judicial?

—Es imprevisible. Se hará todo lo posible para que se pueda prestar de una forma adecuada el servicio público que tenemos asumido.

¿Da por zanjada la investigación sobre la presunta red de prostitución a menores en Baleares?

—Lo que fue llamativo fue la posible existencia de una red orquestada por educadores para prostituir a chicas en centros de tutela pública. Esto no se ha podido demostrar y todo apunta a que no era así, que podía haber casos aislados que se han investigado y se ha llegado donde había que llegar.

El fiscal de Menores se quejaba de la respuesta de otras instituciones, ¿lo comparte?

—En efecto, todo el mundo tiene que asumir sus propias responsabilidades. No vale echar las culpas a otros de lo que le sale mal a uno.