Un grupo de restauradores, arropados por PIMEN y AREMA, han decidido interponer un contencioso administrativo contra el Govern. En la imagen, una empleada cierra un conocido local de Palma. | Jaume Morey

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Una treintena de restauradores han decidido llevar al Govern a los tribunales. Arropados por PIMEN Restauración y la recién creada AREMA (Associació de Restauradors de Mallorca), han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) contra la orden de cierre al público de bares, restaurantes y cafeterías aprobada el pasado 11 de enero por el Consell de Govern.

Se trata de un recurso que somete algunas decisiones administrativas al control judicial en aras de la transparencia y proporcionalidad que el sector lleva tiempo reclamando en diversos foros con la administración pública.

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Según se desprende de un comunicado interno de los asociados, «se trata de uno más de los miles de contenciosos administrativos que se presentan cada año en los juzgados, en este caso a raíz de la unión de empresarios independientes del ámbito de la restauración (y las dos asociaciones sectoriales que los apoyan) que ven cómo estas resoluciones les causan perjuicios económicos irreparables. Estos empresarios independientes están sufragando de su propio bolsillo este procedimiento judicial».

En este mismo escrito, los demandantes advierten que «ninguna formación política está dirigiendo esta reclamación judicial, ni la va a dirigir ni la va a sufragar. Se puede ampliar a nuevas resoluciones que se adopten y en ese caso pueden adherirse más empresas y empresarios que se vean afectados».