En una providencia, la Sala ha considerado que el escrito del Govern no cumple con las exigencias para este tipo de recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa, porque «no combate los argumentos de la sentencia» respecto a una posible vulneración de la normativa europea.
Con este recurso, que ahora ha decaído, el Govern pretendía revocar la sentencia dictada en abril de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), con la que se anuló la multa a la plataforma de viviendas vacacionales.
La multa se impuso en 2018 por infringir la Ley de Turismo autonómica, al publicitarse en Airbnb alojamientos turísticos sin la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) o sin indicar el número de inscripción turística.
El TSJIB dio la razón a Airbnb entendiendo que aquella obligación «es únicamente exigible a las empresas turísticas», pero que la plataforma es «un prestador de servicios de la sociedad de información de alojamiento de datos». Igualmente consideró que no se podían utilizar como prueba de cargo capturas de pantalla de los anuncios en la plataforma, y que al estar establecida en Irlanda, quedaba sujeta a las normas del país «en todo lo que se refiere al ámbito coordinado de la UE».
El TSJIB también concluyó que a «Airbnb no se le puede imponer la obligación de efectuar una revisión exhaustiva y detallada de toda la publicidad que los anfitriones publican en la web», así como tampoco la comprobación respecto a que la oferta inserte número de inscripción en el Registro.
Por ello, sentenció que los artículos 28 y 106 de la Ley de Turismo de Baleares en los que el Govern basó su multa infringirían la directiva comunitaria y «vulneran el principio de primacía del Derecho comunitario».
La providencia del Supremo impone las costas procesales al Govern hasta un límite de 2.000 euros. El Govern impuso también importantes sanciones similares a las plataformas HomeAway y TripAdvisor como consecuencia de la regulación aprobada en la pasada legislatura.
El pasado octubre, el actual conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear, Iago Negueruela, indicaba que la Comunidad seguiría sancionando el alquiler turístico ilegal en Baleares mientras no hubiera una sentencia firme del Tribunal Supremo que falle contra los postulados del Govern dentro del procedimiento con Airbnb.
Negueruela apuntó entonces que con una sanción recurrida no pueden «sancionar dos veces por el mismo hecho» a esta empresa. El Govern consideraba que algunos de los aspectos que se han cuestionado en la normativa autonómica «deberían ir al Constitucional».
10 comentarios
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No es que no sirvan los políticos, es que tampoco sirven los asesores, vamos que nos vemos en las próximas elecciones, que impaciencia.
Olé !!!! Menudo descalabro. Les recuerdo que el Sr. Biel Barceló fue cesado tras parir el bodrio de ley. Deberían derrocarlo todo ya que el descalabro es inminente. Me se de UEnos que les están preparando una receta de las buenas por esta activada.
Pues esto es lo que pasa por imponer sanciones sin base legal, y sólo para salir en la foto, pero sobre todo por no asumir las responsabilidades propias: no puedes exigir a Airbnb que controle los alquileres irregulares, porque básicamente es una competencia del mismo Govern. Sería muy interesante también que nuestros gobernantes se diesen cuenta que las actividades productivas no se tienen que PROHIBIR, si no que se tienen que REGULAR (aunque les de muuuucha pereza hacerlo).
No sé si este Govern es peor por sectario o por incompetente, pero las dos cosas juntas son de traca. Desconoce la leyes y las suplanta con su santa voluntad. Y al final su actividad se limita a sancionar y prohibir actividades como el alquiler vacacional que se ha querido ahogar. Esto funciona frente al desarmado individuo, pero no frente a las grandes corporaciones como AirBNB que sí tienen conocimiento legal. El Govern que acaba con todo el sector turístico con pretexto de contener (en vano) la pandemia... Eso sí, procura tener todos tus papeles y tramitaciones en regla, mallorquinito de a pie...
El primer y principal principio de este Govern, sea la que sea la Consellería con la que trates: ESTO ES ASÍ PORQUE LO DIGO YO. Pero oiga que la ley dice otra cosa distinta: ME DA IGUAL LO QUE DIGA LA LEY. Y SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO, RECURRA. Si finalmente recurres y ganas, que suele ser lo habitual, el funcionario “sabio” y la Conselleria les da igual, porque al final ELLOS NO PAGAN PERSONALMENTE NI ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD. Si en estos casos respondieran PERSONALMENTE, NO ASUMIRÍAN POSTULADOS ILEGALES E INCLUSO OBSCENOS.
es que no puede ser de otra manera... tenemos unos políticos que se los pisan...
Otras calabazas judiciales para nuestros políticos y letrados. Me pregunto si Govern y Consell solicitan peritajes jurídicos al Consell Consultiu, compuesto por letrados experimentados, supongo.
Desde luego, los asesores del Govern, y el Govern al contratarlos, se han cubierto de Gloria.
Anda, que raaaaaro, el Govern poniendo multas sin base legal ni para recurrir... que raaaaaro.