El primer juicio por la gestión en la antigua sa Nostra arrancará el 28 de abril. La Audiencia Nacional ha citado para ese día a los dos exdirectores generales de la entidad, Pere Batle y Pau Dols, acusados ambos de delitos de administración desleal y apropiación indebida por varias operaciones de financiación al difunto empresario Martín Gual. Es el primero de los dos grandes procesos en torno a sa Nostra que llegará a juicio. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado, además de dos fechas en abril, una semana entera adicional del mes de mayo para completar la vista oral.
Pau Dols.
La Fiscalía reclama penas de cuatro años de prisión para los dos exdirectores generales. También pide esa misma condena para el exdirectivo de la filial Invernostra Rafael Oliver. El quinto acusado es un directivo de las empresas de Gual, Javier Collada, para quien se reclama por parte del ministerio público una condena de dos años y medio.
Pere Batle.
La calificación del ministerio público sostiene que se destinaron 48 millones de euros a las empresas de Gual para financiar operaciones como Son Bordoy sin valorar los riesgos y con el objetivo de ocultar «el progresivo deterioro partimonial» de la caja. El empresario beneficiario no asumía riesgo económico alguno y sí el beneficio de los fondos.
Junto a la Fiscalía, las acusaciones las completan Bankia, la Abogacía del Estado, que representa al Fondo de Restructuración Bancaria, y la Sareb. La entidad sucesora de sa Nostra es quien reclama una mayor cantidad económica a los acusados: un total de 125 millones de euros de los que hace responsables también a las mercantiles que se beneficiaron de la financiación por parte de la caja.
Los dos principales acusados siempre han negado la comisión de ningún delito y aseguran que se guiaron por los informes de los que disponían para decidir esos créditos. Sus defensas también plantarán cuestiones como una posible prescripción de algunos de los delitos que llegan al juicio. Justifican que ninguno de ellos se lucró o obtuvo beneficio personal en las operaciones que se juzgarán en la Audiencia Nacional.
Además de este procedimiento, la Audiencia Nacional también abrió juicio oral opor otra serie de operaciones de financiación, en este caso dirigidas al grupo Sotohermoso que promovía una serie de construcciones en Huelva. Este proceso está pendiente ahora de que las defensas presenten sus conclusiones provisionales para ser remitido a la Sala de lo Penal para ser juzgado. En ese caso, además de Dols y Batle, a los que de nuevo se reclaman cuatro años de prisión, también está acusado el expresidente de la entiad, Fernando Alzamora, a quien se acusa de administración desleal y se le reclama una condena de dos años de prisión.
La Audiencia Nacional ha llevado a cabo en los últimos años varios procesos contra cúpulas de antiguas cajas de ahorro que han terminado con resultados muy dispares.
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