Operarios instando las señales, la madrugada del 1 de febrero. | Pere Bota

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La semana pasada se cumplieron dos meses de la entrada en vigor de la prohibición de superar los 80 kilómetros por hora en la vía de cintura, una medida que suscitó polémica pero que los conductores, con más o menos resignación, parecen haber asumido. Cuanto menos, las quejas públicas al respecto se han ido desvaneciendo hasta el punto de que prácticamente ya no se habla de ello. Transcurridos dos meses, es el momento para hacer balance.

Recordemos que el Consell de Mallorca, que es quien decidió limitar la velocidad, lo justificó en la necesidad de disminuir la emisión de gases contaminantes y el ruido. Asimismo, auguró que supondría una disminución de la siniestralidad y conjeturó que los embotellamientos disminuirían. ¿Qué balance hace el conseller insular de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano? «Estamos contentos, funciona como habíamos previsto. Hay menos contaminación y el ruido ha disminuido». Además, «no ha habido accidentes y los atascos también se han reducido».

Sevillano recordó que al anunciarse la limitación se configuraron tres grupos: los favorables a la medida, los contrarios y los escépticos. «Lo cierto es que los escépticos y una parte de los contrarios nos reconocen ahora en privado que ha ido bien», se congratuló.

La limitación entró en vigor el 1 de febrero, de modo que ha estado operativa dos meses de invierno (temporada baja) que han coincidido con la pandemia, lo que ha supuesto que el tráfico haya sido inferior a lo habitual. Esta es la idea que observan desde dos entidades que en su día se opusieron a la medida: la Federació Empresarial Balear de Transports y la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca (ASATM). «Aparentemente ha ido bien, pero en base a esos dos meses no se pueden sacar conclusiones ya que el movimiento no ha sido el normal», señaló el presidente de ASATM, Biel Moragues. «Nadie trabaja: ni autocares, ni VTC y apenas circulan los coches de alquiler. Tenemos que ver lo que pasa al reanudarse la actividad habitual», añadió. Moragues admitió que las quejas de sus asociados «son contadas, pero veremos qué ocurre cuando se empiece a multar».

Salvador Servera, presidente de la Federació Balear de Transports, recordó que las estadísticas indican que el tráfico ha bajado entre un 30 por ciento por la pandemia. Asimismo, puntualizó que ellos no se oponían a rebajar de la velocidad máxima sino que pedían que se cumpliera el Pla Director Sectorial de Mobilitat, que efectivamente contempla la rebaja pero también habilitar carriles especiales para vehículos de alta ocupación, junto a otras medidas parecidas. Servera añadió que el informe que la DGT hizo a propósito de la limitación de velocidad en la vía de cintura va en esta dirección y hace estas recomendaciones.

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Rechazo político

Los grupos de la oposición en el Consell se mostraron contrarios o escépticos con la rebaja. El portavoz del PP, Llorenç Galmés, fue el más contundente y señaló que «cuando gobernemos, la eliminaremos». «No han logrado ni uno de los objetivos que se marcaron y han creado un problema a los conductores sin justificación técnica alguna. Habrían podido limitar la velocidad a 90 o a 100, pero decidieron que a 80, porque sí. También podrían haber limitado la velocidad solo en los tramos con más atascos, pero arbitrariamente decidieron que debía aplicarse a todo el recorrido», criticó Galmés.

Ciudadanos y el PI coinciden en qué mientras no se recuperen los niveles de tráfico habitual no se podrá hacer una valoración adecuada. Según Beatriz Camiña (Ciudadanos), «fue una medida impuesta, quizás para tapar otros temas, que solo ha creado descontento entre los conductores». Desde el PI, el conseller insular Antoni Amengual recordó que los informes técnicos no confirman la idoneidad de la medida.

Hasta la fecha, la DGT no ha instalado radares fijos para controlar el cumplimiento de la medida. Sin embargo, sí se han realizado controles esporádicos con radares móviles.

El Consell instalará cinco sensores para medir la contaminación

El departamento de Mobilitat i Infraestructures instalará cinco sensores en la vía de cintura con el objetivo de medir la presencia de gases contaminantes y el ruido. Se ubicarán en el enlace con la autopista de Andratx, en las salidas de Son Rapinya y las carretera de Valldemossa y Manacor y en las proximidades de la calle Aragó. La información recogida por los medidores se podrá monitorizar prácticamente al instante gracias a una plataforma digital.