Jaime Far jura su cargo el día de su toma de posesión ante la Mesa del Parlament. Algunos de los políticos que estaban en ese organismo en la anterior legislatura se encuentran entre los fiscalizados por Far. | Joan Torres

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Los partidos de Baleares apoyan la fiscalización del patrimonio de los cargos públicos que ha iniciado la Oficina Anticorrupció de Baleares y consideran que se trata de una medida necesaria para fomentar la transparencia y prevenir abusos políticos y prácticas corruptas en las instituciones.

Para la diputada del PSIB Pilar Carbonero, todos los cargos están obligados a presentar sus declaraciones de bienes y de patrimonio por lo que no cabe otra cosa que respetar la labor de control y fiscalización de los datos. «Total respeto al trabajo de la Oficina, que es una entidad autónoma», señaló la diputada.

Alejandro López (Podemos) considera que, mientras se está en un cargo público, es «obligado» que se hagan las verificaciones «preventivas» sobre todo en Balears, «una comunidad donde ha habido muchos casos de corrupción vinculados al PP». López añade que es una medida para prevenir más casos de corrupción.

Medidas preventivas

En una línea parecida se expresó el portavoz de Més, Miquel Ensenyat: «La Oficina se creó debido a los numerosos casos de corrupción que hubo en Balears. Había que tomar medidas preventivas y esta es una buena decisión». Ensenyat considera que es «correcto» que se controle los bienes de los cargos públicos, «que es el trabajo de la Oficina».

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Antoni Fuster (PP) asegura que esta investigación está dentro de las atribuciones de la Oficina, cosa que les parece correcta, con la condición de que se haga «con total transparencia y de que afecte a todos los cargos públicos por igual».

Patricia Guasp (Cs) señala que la transparencia y la regeneración «está en el ADN de nuestro partido». Para la diputada de la formación naranja, es imprescindible que los cargos rindan cuentas de su patrimonio porque los ciudadanos cada vez exigen más transparencia. La diputada recuerda que Cs está a favor de mantener la Oficina Anticorrupció, a diferencia de PP y Vox, que quieren suprimirla, y de la «ambigüedad» del PSIB.

Para Antoni Amengual (PI), la verificación de los datos que ha iniciado la Oficina «está dentro de la normalidad democrática». El líder del partido insularista añadió que la entidad tiene la obligación de verificar que los datos son correctos.

Sergio Rodríguez (Vox) criticó que haya tenido que presentar por triplicado su declaración y consideró que deberían eliminarse trámites. Se mostró convencido de que las declaraciones presentadas son correctas porque se pueden verificar al ser públicas.

«Que se investigue a sí mismo»

El único partido que se mostró abiertamente crítico con la labor de Jaime Far al frente de la Oficina Anticorrupció fue Vox. «Que se investigue a sí mismo», dijo el portavoz adjunto de la formación, Sergio Rodríguez, en alusión al informe de la Sindicatura de Comptes sobre el funcionamiento de la Oficina. Vox es partidario de la supresión de la entidad creada en la pasada legislatura.