Según la calificación fiscal, el principal acusado se aprovechó de que fue presidente de la comunidad de vecinos entre los años 2007 y 2011. | Ultima Hora

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La Fiscalía reclama penas que suman 48 años de cárcel para un grupo criminal encabezado, según la acusación, por el antiguo presidente de la comunidad de propietarios de los edificios Pullman y Panam en Cala Major. Sólo para el principal acusado, el ministerio público pide 16 años de prisión por delitos de estafa, estafa procesal, falsedad y coacciones, entre otros. Durante años, la trama se dedicó a alquilar apartamentos de los dos complejos que pertenecían a personas que habían fallecido o a empresas.

Además, según la acusación, acosaban a los inquilinos para reclamarles el pago, amenazaban a otros por la luz e intentaron hacerse con cinco apartamentos por procedimientos judiciales sin base alguna. Entre los acusados hay un abogado, supuestamente compinchado, que afronta una petición de siete años y medio de cárcel.

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Según la calificación fiscal, el principal acusado se aprovechó de que fue presidente de la comunidad de vecinos entre los años 2007 y 2011. Después, durante otros tres años, presidió la sociedad que administraba los tres edificios de los Pullman y los Panam.

No está claro cómo, pero el acusado comenzó a figurar como dueño de catorce apartamentos en los registros de la comunidad, lo que le daba un mayor peso. Además, sabía qué pisos estaban vacíos con sus propietarios ausentes o, en tres de las viviendas, fallecidos y sin que los herederos los hubieran reclamado. Comenzó a alquilar cinco de ellos en colaboración con su mujer, su hijo y otros cuatro acusados.

Una de las inquilinas le pagó más de 10.000 euros de renta a 300 euros mensuales durante años. Sin embargo, en julio de 2017 el propietario real de la vivienda apareció y arrendó el piso a la misma mujer. Según la acusación, el grupo de acusados comenzó a coaccionarla: le cortaron la luz y la amenazaron hasta que se mudó. En otro de los pisos ocurrió lo mismo, cuando el dueño apareció comenzaron a amenazarla.

Los cortes de luz y las presiones afectan también a inquilinos de otros pisos a los que la red había puesto el suministro eléctrico. La segunda parte de la calificación tiene que ver con las maniobras judiciales que llevaron a cabo.

El grupo planteó cinco demandas para reclamar dinero por obras nunca realizadas a los dueños de los pisos que alquilaban. Esperaban que los dueños no comparecieran en el procedimiento judicial y así poder ejecutar esas cantidades sobre los propios pisos y adueñarse de ellos. Pedían cifras similares al valor de los apartamentos, en aquel momento muy devaluados.

El presidente también construyó una serie de apartamentos ilegales en el sótano del edificio. Fue detenido en 2018 e ingresó en prisión preventiva.