Puerto de Ciutadella. | Josep Bagur Gomila

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«No crecer nada: cero nuevos amarres y eliminar los más de 1.000 ilegales que hay en Baleares». Esta es la propuesta de la entidad conservacionista Terraferida al Govern balear sobre el Plan General de Puertos de las Islas Baleares, aprobado de manera inicial por el Ejecutivo el pasado mes de junio. En un comunicado, Terraferida exige al Govern que renuncie a una «visión mercantilista del mar» y que defienda los ecosistemas marinos y los usos humanos tradicionales, en vez de apostar por la «gran náutica y privilegiar el uso del litoral por parte de los más ricos».

Este nuevo plan de puertos, señala Terraferida, es una continuidad de la ley de puertos aprobada por el expresidente balear Jaume Matas en 2005 y «mantiene su perspectiva desarrollista, pese a la renuncia a construir ciertas infraestructuras». El plan contempla un aumento del 13 % del número total de amarres, de 24.020 a 27.131. Un 5 % de este crecimiento serían amarres permanentes. La previsión del Govern, teniendo como referencia una estimación del año 2017, es pasar de 30.022 embarcaciones a 36.745 en el año 2033, un incremento del 22,4 %. Para Terraferida, es «especialmente preocupante la filosofía de todo el plan, un documento siempre a favor de embarcaciones cada día mayores e impactantes que ve el mar como un negocio, un espacio que se debe mercantilizar al máximo, aunque esto signifique arrinconar aún más los usos tradicionales y las pequeñas embarcaciones y aumentar la presión náutica sobre las zonas de baño para locales y turistas».

Todo este crecimiento está en contradicción con el «relato comunicativo de Ports, que trata de ofrecer una imagen verde que no se corresponde con este plan, convencidos de que la prensa, las entidades y la población en general no lo leerán». «Nuestra preocupación y la de muchas entidades, sin embargo, es máxima ya que este plan tendrá un enorme impacto negativo sobre los ecosistemas marinos, sometidos ahora mismo a una presión ya excesiva», advierte Terraferida. El plan, además, contempla una fiscalidad para mejorar el desarrollo de la náutica con una inversión de más de 60 millones de euros en reordenación de puertos y clubes náuticos y un impulso de las marinas secas, dragados, crecimiento de muelles, nuevas rampas y varaderos.