Ejerce como abogado desde hace casi 20 años. De joven militó en las Juventuts Nacionalistes de les Illes y fue candidato al Senado por Sobirania per les Illes en 2016. Ha defendido a militantes independentistas y soberanistas en varios procesos judiciales, entre otros activistas políticos. Desde el 2018 preside la Obra Cultural Balear (OCB) y dejará el cargo en febrero.
El lema de la OCB es ‘Llengua, cultura, país'. ¿Cree que lo comparte el actual Govern?
—Los hechos no acompañan. Veníamos de los tiempos de la maquinaria lengüicida de los tiempos de Bauzá. En la pasada legislatura se paró esa maquinaria, pero no se ha hecho nada más. En nuestras interlocuciones con el Govern las palabras son maravillosas, pero la realidad es otra. El Govern incumple sus propias normas en lo que se refiere a la lengua propia.
¿Qué normas incumple la administración?
—Existe un reglamento de usos de la lengua aprobado en 2018 que no se aplica. Insiste en que los cargos públicos se expresarán normalmente en catalán, pero muchos demuestran una actitud conscientemente rebelde con el cumplimiento de la normativa lingüística y ves que no hay voluntad. Hemos pedido gestos y manifestaciones públicas a favor del catalán y en eso ha cumplido la presidenta del Consell, Catalina Cladera, que defendió nuestra lengua propia en su discurso.
¿Qué espera del recurso admitido en el Tribunal Superior para obligar a impartir el 25% de las clases en castellano?
—Hemos pedido una reunión urgente con el conseller d'Educació. Entendemos que la obligación del Govern es defender nuestro modelo de escuela integradora que ha servido para cohesionarnos como pueblo. El recurso es un intento de fractura que queremos afrontar en coordinación con sindicatos, patronales y con la sociedad civil.
No se ha referido a la situación del catalán en la Sanidad...
—La desatención a la lengua en el ámbito sanitario es alarmante. No se hace absolutamente nada y la propia Conselleria de Salut trató de minimizar uno de los últimos casos de discriminación lingüística. Percibo que este Govern se dedica más a buscar excusas que a encontrar soluciones.
¿La oficina de Drets Lingüístics no funciona?
—Es una demanda de la OCB y la aplaudimos, pero hay que ir más allá. De entrada reclamamos que pueda sancionar. Sus funciones son equiparables a una ONG y no es a lo que debe aspirar el Govern.
¿Las movilizaciones siguen estando sobre la mesa de la OCB?
—Siempre hay esa posibilidad, pero no podemos obviar la crisis sanitaria. En febrero una nueva junta pilotará la OCB, pero el sentimiento que percibo es de cierta molestia por el trato a la llengua y eso reventará en las calles de alguna forma. Creo que habrá movimientos.
Hace treinta años la OCB impulsó la campaña ‘Volem comandar ca nostra'. ¿Hace falta una similar?
—La campaña es uno de los hitos históricos de la entidad, fue transversal y la acogió todo el mundo. Sindicatos, patronales y hasta el obispo. Demostró que lo que defiende la OCB es transversal.
¿Cree que mandamos mas o menos que hace 30 años?
—Mandamos menos que entonces. Ahora el lema tendría que ser ‘Volem conservar ca nostra'. Hace tres décadas quien gobernaba creó complicidades con la OCB y con la ‘Llengua, cultura i país' que defiende. Son pilares válidos para toda la sociedad y no sólo para una parte del espacio político. Y hay momentos en los que se ha entendido más de lo que ahora se entiende.
¿Será porque en el pasado la OCB no era tan reivindicativa?
—Me hacen gracia los que alaban una supuesta OCB del pasado, que definen como más dócil y amable. Desde 1962 y hasta hoy la OCB ha defendido ‘Llengua, cultura i país'. Y al principio de los 70 la entidad y sus directivos sufrieron detenciones y seguimientos. Esa supuesta ‘Obra' romántica que no molestaba nunca ha existido.
¿Como presidente de la OCB ha intentado volver al consenso político que se logró décadas atrás?
—Hace cuatro años me propuse que durante mi presidencia no haría referencia a las siglas de ningún partido político. No estamos ni a favor ni en contra de ningún partido. Estamos a favor y en contra de determinadas políticas.
¿Tiene que ser soberanista el próximo presidente de la OCB?
—Cualquier demócrata debería estar comprometido con el derecho a decidir. La OCB lo está. Tony Blair no era independentista y defendió el referéndum en Escocia. Y esa opción es la que representa la entidad.
¿Qué legado deja a la OCB?
—Una de las cosas de las que me siento especialmente orgulloso es la campaña ‘A la justicia, també en català', la justicia es donde trabajo, es un mundo que históricamente ha sido muy impermeable a la normalización lingüística. Dejamos a punto la ampliación de las oficinas de Can Alcover que permitirán ampliar los espacios culturales y también está a punto el acuerdo por el que la escritora Maria Antònia Oliver cede a la OCB la casa que compartió con Jaume Fuster en Biniali. Además de eso hemos crecido en socios y en delegaciones municipales de la OCB.
