El Govern moviliza 1,6 millones de cláusulas sociales ante la emergencia de vivienda

Con esta cláusula, las constructoras se comprometen a destinar un porcentaje del presupuesto adjudicado a iniciativas como, por ejemplo, ayudas económicas a familias en situación de emergencia social para evitar que pierdan la vivienda o a la construcción de una vivienda tutelada para 10 personas con diagnóstico de salud mental. Desde 2020, el Ibavi incluye en los pliegos de licitación de las obras una cláusula social que recoge el compromiso de las constructoras de destinar un porcentaje del importe de adjudicación del contrato a financiar proyectos de interés social relacionados con el objeto del contrato, paliar la emergencia de vivienda en las isla, o con el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna.

La cláusula se incorporó por primera vez en la licitación de las obras de 57 viviendas tuteladas y centro de día de la calle de Cuba des Molinar de Palma, licitadas en abril de 2020. A través de esta cláusula, las empresas constructoras se comprometen a aportar un porcentaje de adjudicación del contrato de entre el 1 % y el 10 %, y la media de lo que se destina a cláusulas sociales es de un 4,2 %, a proyectos sociales relacionados con la emergencia de vivienda. Este compromiso, que subscribe la constructora, puede representar hasta 15 puntos de un total de 100 en el baremo de puntuación en el proceso de adjudicación. En cualquier caso, la aportación social se incluye dentro del cálculo de la baja temeraria.

Esta cláusula ya se ha incluido en 14 contratos del Ibavi y las aportaciones de las empresas constructoras suman un total de 1.610.868 euros para diferentes proyectos de emergencia de vivienda que ya están beneficiando actualmente a seis entidades y dos instituciones, que son Cáritas Mallorca, Mater Misericordiae, Cáritas Menorca, la Fundación Es Garrover, Cruz Roja Maó, Provivienda, el Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Lloseta. Desde el Govern han precisado que ya hay ocho empresas constructoras que han subscrito esta cláusula a través de la construcción de diferentes promociones del Ibavi tanto en Mallorca como en Menorca. Para Armengol, se trata de «una nueva fórmula de hacer política» porque «es una manera de entender la contratación pública que quiere estimular la responsabilidad social de las empresas».

La dirigente balear ha recordado que, en las contrataciones del Ibavi, «ya es más importante el proyecto social de la empresa que la oferta económica». Durante la presentación de estos proyectos, también ha reivindicado la necesidad de que el Estado dé las herramientas a las comunidades autónomas para establecer un tope al alquiler que permita bajar el precio".