Catalina Cladera posa en la finca de Raixa. | M. À. Cañellas

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Hace tres años, Catalina Cladera (sa Pobla, 1972) se convirtió en presidenta del Consell de Mallorca tras alcanzar un acuerdo de Gobierno con Més y Podemos. Por primera vez se revalidó así un Pacte de Progrés en la institución, que se firmó en la finca de Raixa. A un año de las elecciones, la socialista recibe a este diario en su despacho del Palau Reial.

Presumen de haber ejecutado la mitad de los acuerdos de gobierno y de que el 92 % ya están iniciados. ¿En el último año de legislatura cumplirán con lo que queda?
—No presumimos, creo que hay que explicar la gestión, de la cual podemos sacar pecho por cómo hemos actuado ante la pandemia. Pese a ello, estamos cumpliendo con lo acordado hace tres años. Con el acto del jueves en Raixa quisimos trasladar a la ciudadanía que vamos más allá: todo tiene que quedar iniciado para que continúe, como el proyecto de las plantas de compostaje o el Servei d'Atenció Integral a Domicili. Este último año que queda, no sé si llegaremos al 100 %, pero me doy por satisfecha de haber iniciado el 92 % de los compromisos.

¿Los cambios que han hecho son suficientemente sólidos como para soportar un cambio de gobierno?
—Espero que esta tierra pueda seguir disfrutando de políticas de izquierdas. Lo importante es que hemos marcado una tendencia que se debe mantener, como las plantas de compostaje o los proyectos que se han iniciado con los fondos europeos. No creo que nadie esté en contra de esto. Lo que está claro es que dependiendo de quién gobierna, las sensibilidades son muy diferentes. Un gobierno de derechas no trabajará por una Mallorca con igualdad de oportunidades.

¿Cuáles son los proyectos estrella que quedan por impulsar este año?
—Intentar iniciar la construcción de una o dos de las plantas de compostaje; la modificación del Pla Territorial Insular (PTI) tiene que quedar aprobada y también la Llei de la Serra de Tramuntana, aunque el Parlament no tendrá tiempo de tramitarla. Será un hito para la conservación de este patrimonio de la humanidad. También habrá que hacer algunos proyectos turísticos financiados con fondos europeos, porque ya contamos con hasta 34 millones de euros para ello.

¿La pandemia ha fortalecido el papel de la institución insular?
—Cuando encaré este proyecto tenía claro que quería hacer que el Consell brillara más y fuera útil para la sociedad. La COVID-19, pese a no desearla, ha supuesto una oportunidad que aprovechamos para ser los primeros en desarrollar un sistema rápido de ayudas, que ha movilizado más de 40 millones. Lo mismo con la guerra de Ucrania. En las residencias hemos sido un ejemplo. Cuando gobierna la derecha no se apuesta por la institución, pero nosotros creemos que debe de crecer y asumir más competencias.

¿Cree que la desafección política se debe a que la izquierda y la derecha solo apelan a la clase media y alta –que representen al grueso de los votantes más fieles– y no incluyen al resto de la población?
—El Consell dirige sus políticas especialmente a la gente más vulnerable, la que se preocupa por sobrevivir cada día. No miramos la parte de los votos entre este colectivo, sino que estén atendidos. La desafección viene por la corrupción que hubo y que los políticos debemos empatizar con lo que necesita la sociedad en cada momento. A veces lo hacemos demasiado tarde y por ello es importante escuchar, especialmente a los jóvenes.

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¿Le preocupan las conclusiones que pueda dar la comisión europea que ha investigado el escándalo de las menores tuteladas por el IMAS?
—Estoy tranquila con el trabajo hecho, pero no con que haya adultos que explotan a menores. Debemos combatirlo entre todos. Hemos sido transparentes, algo que a veces nos ha ido en contra; otros territorios no lo han sido. Fuimos pioneros con la comisión de expertos que sugirió mejoras y puso en valor otras medidas que ya hacíamos. Dimos explicaciones políticas que algunos partidos no han querido escuchar porque hacen una batalla electoral. Queda mucho por hacer, no me quito responsabilidades. La misión europea estaba politizada e instrumentalizada, pero todo lo que se pueda aprovechar contra esta lacra será bienvenido.

La Agència de Defensa del Territori ha ganado recursos y personal desde 2015 y su éxito lo reconoce la propia oposición. ¿Harán lo mismo con la inspección del alquiler vacacional ilegal?
—Los proyectos necesitan tiempo y la Agència está consolidada. Ya se nota su efecto en suelo rústico y la gente va con cuidado de no cometer ilegalidades. Con la inspección podemos dar una mirada insular.

Las entidades ecologistas hace años que critican que hay pocos inspectores. ¿Se incrementarán?
—Tenemos 15, pero que haya inspecciones, que no tienen por qué ser siempre presenciales, ya tiene un efecto disuasorio. Si hiciera falta se incrementará la plantilla, pero este último año no lo planteamos.

El Consell va adquiriendo cada vez más competencias, la próxima que se espera es la de movilidad. ¿Esto requerirá eliminar consellerías autonómicas?
—Es una decisión del Govern, que siempre mantendrá una parte de la competencia, como la relación con Madrid, la planificación y legislación. El Consell no tiene capacidad legislativa, como dice el Estatut. No creo que sea necesario eliminar por completo consellerías, pero sí vaciarlas de recursos y funcionarios que han de pasar a los consells.

El encarecimiento de combustibles determinará el futuro del turismo. Quizás hacia un modelo de viajes de proximidad. ¿Cómo afrontarlo?
—La gente necesita viajar porque también forma parte del descanso y de la felicidad. El turismo se ha democratizado y por eso está tan masificado por todo el mundo. Mallorca debe apostar por la calidad, que se valoren todos los atributos de la Isla, no solo el sol y la playa. Se tiene que hacer con el sector privado, que está por la labor. Todo pasa por reducir volumen para incrementar la calidad y que la Isla soporte el turismo y que este respete la convivencia con los residentes. Seguiremos viviendo de este sector, pero hay que ser capaces de transformarlo.

Solo se puede regular decreciendo en plazas o limitando en puertos y aeropuertos...
—La nueva ley turística y el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos marcan un camino. En la próxima legislatura se hará otro plan desde el Consell que marcará el camino para contener. No quiero adelantarme, pero hay que poner medidas de contención porque en Mallorca no cabe todo el mundo todo el año. Hay que saber respetar sus límites y creo que ya hemos empezado. Para seguir creciendo económicamente hay que adoptar políticas a nivel territorial para poner un límite. No siempre podremos aguantar la presión que sufren nuestros recursos.

¿Puede avanzar alguna?
—No (Ríe). Forma parte de un proceso que ya se verá; ahora no es el momento.

¿Sustituirá a Francina Armengol?
—Mi proyecto está en el Consell porque todavía hay muchas cosas por hacer y me ilusiona. Estoy a disposición del partido.