Nuevo escollo para la gratuidad de la escolarización de niños de 2 a 3 años en Baleares

La Asociación de Centros de Educación Infantil (CEI) de Ibiza ha acordado por mayoría que «no firmará el ‘convenio de gratuidad' para la etapa de 2 a 3 años impulsado por el Govern Balear». Avisa de que ninguna de sus peticiones (realizadas en las reuniones telemáticas previas a la aprobación del decreto) han sido tenidas en cuenta y que los 45.000 euros previstos por aula «no alcanzarían a cubrir siquiera los gastos generados, lo que abocaría a la quiebra y al cierre de sus negocios». La asociación considera que el capítulo de gastos de los centros de Ibiza «está muy por encima del que pueda darse en los de otras islas, como Mallorca, tanto por el elevado importe de los alquileres, como por la falta de personal o el índice de los precios, y que las ayudas de sostenimiento del Govern (que no de gratuidad), no cubren la cuota por alumno que tienen establecida y no pueden asumir la diferencia sin que ello les ocasione pérdidas».

La situación que se vive en Mallorca no es muy diferente. Los alcaldes del PP fueron los primeros en manifestar su enfado por el anuncio de la ‘gratuidad' de la escolarización de 2 a 3 años hecho por el Govern, «sin tener en cuenta la realidad de los ayuntamientos», pero las críticas no se ciñen solo a los ‘populares'. El alcalde de Deià y coordinador de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha sido una de las voces más críticas. Acusa a la presidenta Armengol de «vender» que la escolarización de 2 a 3 años sería gratis desde el 1 de septiembre cuando no es de su competencia. Igual que ha hecho CEI, los alcaldes también avisan de que las ayudas (de 45.000 euros por aula o 2.500 euros por niño) no llegan para cubrir el gasto del servicio que históricamente ya afrontaban los propios municipios en un alto porcentaje.

El presidente de la FELIB, Toni Salas, ha explicado este martes que «los alcaldes nos encontramos ante una dualidad, de una parte garantizar la enseñanza gratuita de 2 a 3 años en las escoletas públicas (que pensamos que podría verse desbordada el año que viene si la red privada no firma el convenio con el Govern). Por otra parte, tenemos que proteger la red económica y social que representan para nuestros municipios las escoletas privadas, formadas mayoritariamente por pequeños autónomos, generalmente mujeres». «Convocaremos una reunión el martes 30 con los alcaldes y las patronales para valorar la situación y sus posibles efectos», avanza.

En Mallorca existen dos grandes patronales de la educación infantil privada: Escuela Católica de les Illes Balears (ECIB) integrada en la CAEB y la Federación de Escuelas Infantiles de PIMEM Baleares. Escuela Católica de les Illes Balears (ECIB) ya denunció la semana pasada el «oscurantismo e improvisación» por parte del Govern en la aprobación por decreto ley de la medida que se anunció como escuela gratuita, pero que en la práctica solo permite financiar un máximo de 4 horas lectivas. Las familias deberán seguir pagando por la ‘escola matinera', comedor y extraescolares. Amenaza con impugnar el decreto aprobado en Consell de Govern. «Contraviene la ley y el reglamento del Consell Escolar de les Illes Balears al no haber emitido el preceptivo informe al respecto, lo que podría determinar su nulidad de pleno derecho», dice ECIB.

En el mismo sentido se ha manifestado este martes la presidenta de la Asociación de las guarderías y escoletes de Mallorca y de la Federación Balear de escuelas infantiles, Francisca Picornell. «Vamos a pedir una reunión urgente con la FELIB para hacer un frente común porque la anunciada como ‘gratuidad' es una mentira y es discriminatoria», dice Picornell. Según la presidenta de la federación de escuelas infantiles «apenas un 10 % de nuestros alumnos se podrán beneficiar de la medida y solo cuatro horas al día». Advierte que la federación posiblemente impugnará el decreto, como ya hizo hace un año con otra línea de ayudas para la financiación de los centros de la red educativa complementaria y de la red de escoletas públicas de Baleares en la que los tribunales les acabaron dando la razón.