Baleares propone a Madrid que los grandes consumidores de energía se aprieten el cinturón

Reducir el consumo de las luces de Navidad, crear una empresa energética pública, fomentar las instalaciones de autoconsumo y la renovación de calderas, bajar impuestos o promocionar el hidrógeno verde son algunas de las muchas y diversas propuestas de las autonomías al ejecutivo para ahorrar más energía. Recordemos que el Gobierno pidió a las comunidades autónomas aportaciones para su plan de contingencia de seguridad energética.

En respuesta a esa petición, los gobiernos autonómicos han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica un extenso listado de iniciativas, entre ellas prolongar la vida útil de las centrales nucleares, acelerar los proyectos de inyección de biometano a la red de distribución o aumentar el presupuesto contra la pobreza energética. Más allá de lo propuesto por el Govern de Francina Armengol, estas son las ideas aportadas por cada territorio con el fin de ahorrar más en la factura energética.

La Junta de Andalucía ha planteado un nuevo plan renove para la sustitución de equipos de climatización y de electrodomésticos que funcionan con gas natural, simplificar los contratos de las instalaciones de autoconsumo y acometer la electrificación de una parte del parque móvil de la Administración. Aragón sugiere al Gobierno que se replantee la prohibición de nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, así como la posibilidad de impulsar la investigación minera, y pide aumentar las dotaciones presupuestarias para la pobreza energética.

El Principado de Asturias recomienda impulsar el teletrabajo, que se aproveche al máximo la planta regasificaodra de El Musel, con capacidad para almacenar 300.000 metros cúbicos de gas licuado y que puede estar operativa a finales de año, y la transformación de la empresa estatal minera Hunosa en una empresa energética con la que impulsar proyectos de biomasa, fotovoltaicos y de hidrógeno.

Veinticinco son las medidas que propone el Gobierno de Cantabria, entre ellas políticas de estímulo y concienciación, huyendo de medidas sancionadoras, la puesta en marcha en el menor tiempo posible del PERTE Descarbonización y acelerar la puesta en marcha de nuevos programas de ayudas para el apoyo a la implantación de renovables térmicas en sectores económicos y entidades públicas. Castilla y León, que pide acudir a los «incentivos» más que a la imposición, propone también «activar masivamente un Plan Renove de Calderas» financiado con fondos europeos, el fomento del autoconsumo, una apuesta por la biomasa, mantener las centrales nucleares activas, el uso temporal de carbón y prorrogar las ayudas para la reforma energética de edificios más allá de 2022.

Fuentes del Ejecutivo de Castilla-La Mancha han indicado a Efe que la administración regional va a esperar a la Conferencia Sectorial donde se deben consensuar las aportaciones con el Ministerio y con el resto de comunidades autónomas, previsiblemente la semana que viene, aunque han avanzado que serán medidas de contención y restricción de consumo energético y de impulso y agilización de las instalaciones de energías renovables y el autoconsumo.

El Govern de Cataluña ha trasladado al Ejecutivo central ocho propuestas, entre ellas la creación de una energética pública, como va a hacer la propia Generalitat, acelerar los proyectos de inyección de biometano a la red de distribución y elaborar un plan de choque para un mejor aprovechamiento de los excedentes fotovoltaicos de plantas de autoconsumo.

La Generalitat Valenciana ha propuesto reducir al menos un 20 % del consumo eléctrico de las luces de Navidad, el cerramiento de las vitrinas y estanterías que contienen alimentos refrigeradas en los supermercados, facilidades para el autoconsumo y las comunidades energéticas o campañas de concienciación social para el ahorro energético a través de mecanismos de difusión masivos. Extremadura ha presentado 40 aportaciones, como acelerar los concursos de nuevos puntos de conexión a la red que permitan seguir aprovechando el potencial renovable que alberga la región o una mayor flexibilidad en la planificación de la red de transporte que atienda ágilmente las necesidades de demanda de energía eléctrica asociadas a nuevos proyectos industriales que puedan surgir en el corto plazo y que requieren de elevados consumos.

La Comunidad de Madrid pide al Gobierno, al que reprocha no haber compartido «ninguna información ni documento», eliminar impuestos, revisar el mecanismo del tope del gas, un plan de renovación «masiva» de calderas con los fondos europeos Next Generation y el aprovechamiento de renovables o de la nuclear. La Región de Murcia, partidaria de que los objetivos del plan estatal sean obligatorios para el sector público, pero recomendaciones para el privado, ha remitido 15 propuestas, entre ellas promocionar el hidrógeno verde (H2v), facilitar el autoconsumo energético y prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Navarra ha planteado la revisión del mecanismo de subastas y la adopción del denominado «contenido local» de apoyo el sector industrial local europeo, la revisión del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) y la aprobación de un marco claro y un incremento de las ayudas a inversión empresarial.

El Ejecutivo vasco ha propuesto recuperar el mecanismo de «interrumpibilidad», por el cual las empresas se desconectaban voluntariamente del sistema en momentos de mucha demanda eléctrica a cambio de compensaciones, y la creación de un «agregador», un intermediario entre el que genera y el que demanda energía, que pueda conseguir precios más adecuados en una negociación directa. Finalmente, desde La Rioja se plantean siete medidas en el ámbito privado, como la creación de un fondo para la Eficiencia Energética de Viviendas y la mejora habitacional en forma de préstamos sin intereses para propietarios en función de su renta a devolver con la venta de la casa, y otras 21 en el ámbito público.