Gobiernos y ayuntamientos han dejado en manos de la iniciativa privada la puesta en marcha de vivienda. | P. ROIG

TW
32

El recorrido panorámico a la construcción de vivienda en Baleares en los últimos 20 años dibuja una fotografía que no deja bien paradas a las administraciones. De las aproximadamente 75.000 viviendas que se han construido en Balears desde el año 2000, apenas 1.500 inmuebles los han promovido el Govern o los ayuntamientos de las Islas, según los datos que recoge el Institut Balear d'Estadística (Ibestat).

Entre los años 2000 y 2020, en las Islas se promovieron 73.827 viviendas de nueva planta y se rehabilitaron otras 11.439. En paralelo, el Ibestat señala que otras 8.552 pisos fueron demolidos. Si se mira la estadística en función de quien promovió esas viviendas, el resultado es que, en más de 20 años, las administraciones solo han puesto en marcha un total de 1.319 nuevos pisos, a los que hay que sumar los que se están realizando desde el Ibavi en estos dos    últimos años:ya se han entregado las llaves de 124 pisos y ahora mismo están en construcción otros 613 más. En cualquier caso, la cifra resulta claramente insuficiente si se compara con las viviendas que se han construido desde el sector privado, a una media de unas 3.500 al año en las últimas dos décadas.

El Govern es consciente de estas limitaciones y en los últimos años ha tratado de dar un empujón a la construcción de vivienda pública, que sigue siendo una de las asignaturas pendientes de las administraciones ya que se trata de unos de los principales problemas ciudadanos. La directora general d'Habitatge, Cristina Ballester, asegura que la política de vivienda debe tener continuidad para ser efectiva y explica que se mantuviera durante 15 años los esfuerzos que esta haciendo el Govern en esta legislatura, la cifra de VPO podría llegar a la más de 20.000 viviendas. Cuando el pacto llegó al Govern, en el año 2015, el número de viviendas de propiedad pública era de 1.756 pisos.

La crisis del ladrillo

La crisis del ladrillo de mediados de la década de 2000 tuvo mucho que ver con la desaparición del Govern como actor público de vivienda. La crisis que dejó a las administraciones sin ingresos se notó en las estadísticas. En 2012 se promovieron 48 viviendas y entre esa fecha y 2019 tan solo se construyeron otros 15 pisos.    El Govern trata de superar ahora esas carencias con una política de impulso a la construcción de nuevos pisos para destinarlos exclusivamente al alquiler.

También hay otra novedad legislativa importante durante esta legislatura y las VPO que se construyan desde la nueva ley de vivienda solo se podrán revender a la Administración a un precio previamente determinado con el fin de que los propietarios no especulen y para lograr que el parque de vivienda pública no acabe privatizado.

La estadística de construcción de pisos que refleja el Ibestat da una idea muy precisa de la crisis que vivió el sector en la década pasada. Entre 2000 y 2002 se construyeron más de 11.000 viviendas año. La cifra se hundió de manera progresiva hasta el año 2013, en el que solo se construyeron 465 viviendas de nueva planta. Las cifras han ido remontando hasta las 3.146 que se hicieron en 2020.

Otras vías para ampliar el parque de VPO en Baleares

A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Govern asegura que acabará esta legislatura con un 72 % de vivienda pública más de la que había cuando llegó al poder, con un total de 1.756 pisos propiedad del Ibavi. La vía para conseguir más inmuebles no solo es la construcción porque la Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha echado mano de los recursos que le da la Ley de Vivienda de Balears, aprobada en la pasada legislatura.

Los datos facilitados por la Direcció d'Habitage, en manos de    Cristina Ballester, indican que, además de las viviendas de nueva construcción que están en marcha en estos momentos, se han conseguido otros 100 ejerciendo el derecho de tanteo y retracto: 49 de ellos se han comprado a particulares y los otros 51, a grandes tenedores. También se han conseguido gasta la fecha 16 pisos por medio de la expropiación de uso a los bancos, además de otros inmuebles por otras vías.