Mourad El Yassini explica este lunes a la prensa su situación. | Pilar Pellicer

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Mourad El Yassini se ha sentido aliviado al saber que este lunes no sería desahuciado del piso de Son Gotleu en el que vive desde hace 13 años, los últimos dos con su mujer y su hijo de dos años. Sin embargo, es consciente de que esta alegría será temporal porque el 2 de marzo recibirá la visita de la policía para echarlo. Su padre, de 80 años, está haciendo todo lo posible para desalojarle cuanto antes de su casa. «Llevaba 11 años soltero y ahora, que tengo mujer y un hijo, me quiere echar y dejar en la calle», lamenta Mourad, que reside en Mallorca desde hace más de 20 años.

«Mi padre vive en Marruecos y se hace la víctima, quiere vender la casa para llevarse el dinero a Ceuta. Él tiene más de 20 pisos y son muchos los marroquís que hacen lo mismo para comprar chalés en su país», afirma Mourad, que está en el paro y padece depresión. Asegura que la casa está a nombre de su padre desde 2010, cuando la compró muy barata a un banco. «Teníamos confianza y lo hicimos así», apunta, e incluso comenta que él pagó la reforma de la vivienda. Todo fue «bien» hasta que dejó de estar soltero, según Mourad, que rechaza ser un ocupa.

Su padre, desde Ceuta, ha contratado al abogado Miquel Llompart, que este lunes ha estado presente en el desahucio pospuesto. «Su padre le hizo un contrato entre 2012 y 2017; hasta ahora ha vivido por benevolencia y el propietario quiere recuperar su casa», según el abogado, que interpuso un desahucio por precario, usado cuando un inquilino no quiere devolver la posesión del inmueble al propietario. «Presentó un contrato falsificado», añade Llompart, que desconoce si su cliente tiene el patrimonio que asegura su hijo. En todo caso, reitera que el piso es del padre y que este quiere recuperarlo para vivir en él.

El portavoz de Stop Desnonaments, Joan Segura, ha defendido que todo se reduce a un conflicto familiar «alentado» por terceras personas. «No tenemos claro que falsificara el contrato», según el activista, que ha llegado a decir que existe una «coalición» entre la abogada de Mourad y la trabajadora social para «facilitar» que le echen.