El Govern aprueba medidas urgentes para mejorar el servicio de taxi, pero no prevé autorizar estas plataformas. | Teresa Ayuga

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Baleares cierra la puerta a la entrada en las Islas de Uber y Cabify. El Govern balear descarta la implantación de estas plataformas como medida complementaria para mejorar el transporte público en Baleares durante los meses de verano y evitar el colapso del verano pasado. El Ejecutivo balear ha aprobado este lunes un decreto ley que flexibiliza el servicio del taxi y del transporte discrecional entre mayo y octubre, pero no hay ninguna opción para que estas plataformas se instalen en las islas, según ha dicho de forma tajante el conseller de Mobilitat, Josep Marí.

El único resquicio por el que se podría incorporar esta actividad en las islas afecta a las nuevas licencias de vehículos con conductor (VTC). Los ayuntamientos podrán autoriza que operen en sus municipios haciendo transporte urbano "si se dan nuevas licencias", según ha precisado el conseller de Mobilitat, Josep Marí, algo que por ahora no se plantea. Es decir, que por ahora no se darán nuevas licencias de este servicio.-

El decreto aprobado este lunes sí incluye otras medidas de carácter temporal, que son de aplicación durante la temporada alta de verano, entre los meses de mayo y octubre, como es la contratación por plaza en el transporte público discrecional de viajeros en autobús con origen o destino los puertos y aeropuertos de Baleares. Quienes quieran comprar una plaza en este tipo de transporte deberán hacerlo con una antelación mínima de 24 horas y el servicio discrecional no puede utilizar en ningún caso las paradas reservadas para las líneas regulares de autobús.

Con carácter excepcional, el conseller de Mobilitat podrá autorizar la contratación por plaza en caso de eventos de afluencia masiva de público en los que la demanda no pueda ser atendida adecuadamente por los servicios regulares existentes, entre otros supuestos. Este servicio sólo se podrá aplicar en el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2023, prorrogable por las mismas fechas en el año 2024.

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También se habilita un procedimiento excepcional para otorgar licencias temporales de autotaxi. Excepcionalmente, para el año 2023, los ayuntamientos podrán otorgar licencias temporales de autotaxi con mayor facilidad que hasta ahora, ya que bastará con un acto administrativo que determine su adjudicación, las condiciones de prestación del servicio, el número mínimo y máximo, las condiciones a las que deberá ajustarse, los derechos y obligaciones, la cuantía de la tasa, supuestos de revocación, plazo de duración y demás condiciones que consideren adecuadas o necesarias.

El Govern se da además un año de plazo para presentar una propuesta de unificación de los servicios del taxi en cada isla mediante una aplicación unitaria y con precios homogéneos en toda Mallorca. El conseller ha reconocido que, para conseguir esta medida, será necesario llegar a una acuerdo con los Ayuntamientos para cerrar las condiciones de este régimen especial unificado de recogida de viajeros ya que son ellos quienes tienen las competencias.

El Decreto Ley incluye la distribución de la ayuda estatal para el establecimiento del descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de las Islas Baleares. Los presupuestos generales del Estado para el año 2023 contemplan un importe de 43 millones de euros, que el Gobierno distribuye entre las diferentes administraciones o empresas gestoras de transporte terrestre colectivo de Baleares, de la siguiente forma: 18.785.756€ para la EMT; 8.619.248€ para el Consorcio de Transportes de Mallorca; 6.046.935€ para Servicios Ferroviarios de Mallorca; 5.602.059€ para el Consell de Ibizaa; 3.516.811€ para el Consell de Menorca; y 429.191€ para el Consell de Formentera.

También se modifica la ley de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Baleares en lo que se refiere a la inmovilización de vehículos. El nuevo texto reduce a 3 meses el período de aplicación de la medida cautelar de inmovilización del vehículo. Pasado estos tres meses, la administración responsable podrá dar por finalizada esta inmovilización y proceder al desguace.