Marga Prohens, con el vicepresident, Antoni Costa, cuando anunció la derogación del impuesto de sucesiones. | Redacción Local

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Nunca antes había presentado un mismo diputado tantas preguntas sobre un mismo tema: el socialista Llorenç Pou, que se estrena como parlamentario en el Parlament balear, ha registrado un total de 951 preguntas en las que pide al Govern hasta el más mínimo detalle de las consecuencias de la derogación del impuesto de sucesiones. Es la modalidad de oposición por asfixia, porque el Govern tiene la obligación de dar respuesta a las preguntas y además debe hacerlo en un plazo de 20 días, según señala el reglamento del Parlament.

Las preguntas van dirigidas a saber cuál fue la recaudación del impuesto de sucesiones según los distintos tramos de base liquidable y según el diferente grado de parentesco de los fallecidos y los herederos. En otro bloque de preguntas, el diputado socialista también quiere saber cuántas declaraciones se hicieron en Balears en función de los tramos de herencia y del parentesco.

Fuentes del PSIB aseguran que esta exhaustividad en las preguntas busca conocer los efectos reales que tendrá esta medida en los ciudadanos de Balears y en las finanzas de la Comunitat. Los socialistas sostienen que este impuesto apenas supondrá un ahorro para los ciudadanos de clase media que heredan patrimonio ya que el impuesto es mínimo en su caso. Sin embargo, el PSIB afirman que los grandes beneficiados de esta supresión serán las grandes fortunas de las Islas, que se ahorrarán tener que pagar impuestos que luego sirven para financiar servicios públicos de la Comunitat.

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El reglamento del Parlament establece que el Govern tiene 20 días para contestar, por lo que el Ejecutivo tendrá que pisar el acelerador para facilitar toda la información que piden los socialistas. El reglamento señala que las respuestas deben ser «claras y precisas» y se han de entregar de manera individualizada, a menos que haya causas objetivas que justifiquen dar una respuesta agrupada, algo que podría darse en este caso.

Al pleno

Si el Govern no contesta en el plazo previsto, el reglamento señala que las preguntas podrán contestarse de forma oral en el pleno si así lo pide el diputado que ha registrado las preguntas. El Govern y la oposición chocan abiertamente sobre la derogación de este impuesto que defiende el Ejecutivo. El equipo de Marga Prohens asegura que se deroga porque es un impuesto injusto que supone una doble tributación para las familias, especialmente para las clases medias.

Señala que la caída en la recaudación será mínima porque el descenso, que estima en unos 60 millones de euros, se compensará con nuevos ingresos. El Ejecutivo cree que la derogación del impuesto atraerá a ciudadanos con un patrimonio elevado que pagarán en las Islas el resto de impuestos, como el IRPF o el IVA, lo que generará más ingresos económicos.