Faltan médicos en la prisión de Palma

Asimismo, han señalado que la situación «se ha agravado en varias ocasiones», a causa de la ausencia del médico que presta servicio por motivos médicos y/o disfrute de las vacaciones, como está pasando en agosto y pasó en Semana Santa. Esto obliga a derivar cualquier incidencia médica a hospitales ajenos a instituciones penitenciarias con el «enorme gasto y riesgo» que supone, implicando para los traslados diversas patrullas de la Policía Nacional y detrayendo de las calles de Palma a los agentes.

El secretario regional de Jupol en Baleares, Chechu Enrique, ha asegurado que «esta situación hace que se resten muchos indicativos policiales de las calles, mermando las funciones de seguridad ciudadana que lleva a cabo la Policía Nacional en la isla».
Además, ha añadido que «se agrava aún más en periodos estivales o vacacionales en los que la población de Palma se multiplica y hasta un tercio de la plantilla de la Policía Nacional en Palma se encuentra de vacaciones».

Por otro lado, desde CSIF han pedido que se afronte la situación de la sanidad penitenciaria dando solución «inmediata» a la problemática y dotando al centro de los recursos «suficientes» para desarrollar el trabajo en condiciones de salud y seguridad «adecuadas».

Ambas organizaciones sindicales han reiterado la «necesidad» de afrontar una solución al problema de acceso a la vivienda de los funcionarios públicos en las Islas.
En esta línea, han dicho que la cuestión «genera una importante merma en el número de funcionarios públicos en Baleares ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna a un precio asequible».

Desde Jupol han asegurado que «no quieren venir a trabajar» a la región y que «la mayoría vienen obligados», porque «nadie quiere este destino». Por su parte, CSIF ha insistido en la «necesidad» de llevar a cabo el traspaso de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.

En este sentido, ha recordado que la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «ya establecía en 2003 un plazo de 18 meses para realizar el traspaso de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias», cosa que en Baleares «no ha pasado de una fase muy preliminar».

Por último, han acusado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de «hacer dejación de funciones, permitiendo el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria sin abordar seriamente el problema».