Acuerdo PP-VOX

PP y Vox firmaron un acuerdo programático de 110 puntos el pasado 28 de junio. En la imagen, Idoia Ribas y Sebastià Sagreras estrechan sus manos tras el pacto de gobierno entre las dos formaciones. | R.L.

Alicia MateosPalma19/10/23 12:29
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El PP se mantiene firme y no se moverá del acuerdo de investidura. Así de claro lo han dejado este jueves los populares, que también han expresado su «voluntad de cumplir todos y cada uno de los puntos firmados en el acuerdo de investidura». Sin embargo, han precisado que no pueden apoyar «en los términos que fueron votados el martes» la proposición no de ley para que, a partir del próximo curso, pueda elegirse la lengua –catalán o castellano– en el primer ciclo de Primaria y, luego, de manera progresiva extenderla el resto de la etapa escolar.

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El PP presentó enmiendas a la citada proposición no de ley, pero por un fallo en el ordenador se registraron poco minutos más tardes del cierre del registro del Parlament. Los populares intentaron incluir las enmiendas en el orden del día, pero el PSIB-PSOE se opuso y no fue posible; el resto de portavoces parlamentarios sí lo aceptaban. Entonces el PP propuso a Vox dejar la proposición no de ley para el pleno de la próxima semana, pero la portavoz de Vox no aceptó.

¿Qué dice el acuerdo de investidura?

En el acuerdo de investidura suscrito entre PP y Vox el pasado 28 de junio hay un apartado específico dedicado a la Educación con dos puntos que hablan de la lengua. En concreto, en el punto 54 se establece que «consolidaremos un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico. En el ámbito educativo, los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales». Por su parte, en el punto 55 se indica que «modificaremos las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales. Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública».