Víctimas del policía local que cobraba por empadronarse: «Tuve que pagar 140 euros»

Un equipo de este periódico se adentra en el interior de esta planta baja reconvertida en nueve habitaciones. Las primeras siete están en el pasillo, una puerta tras otra. El pasillo termina en un patio exterior donde hay otras dos casetas prefabricadas en la que viven otros inquilinos. Hay una zona común con una lavadora, un fregadero y una hornilla con horno.

Jesús paga 300 euros al mes. Solo trabaja diez horas a la semana. La situación de esta persona era muy distinta hace años. Tenía trabajo estable y vivía dignamente. Sin embargo, le operaron a raíz de una enfermedad y «mi situación económica empeoró», subraya. Tras eso, decidieron echarle del piso donde estaba, según su versión. Una vez conoció al policía detenido, asegura que le hizo un tipo de contrato. «Es un espacio muy reducido como podéis ver. A veces, no tenemos agua para ducharnos, como hoy [el día de la entrevista] y lo poco que tenemos de agua es insalubre porque es agua de lluvia». Jesús espera que «las autoridades tomen medida» y que «adquirir una habitación pueda ser un poco más asequible porque la realidad es que la situación de la Isla se ha vuelto muy caótica».

«No tenemos opción»

El inquilino José A. Reyes, de 69 años, vive en una habitación con su mujer desde hace tres años y dos meses. Pagan al policía detenido unos 390 euros. «Es lo más barato que hemos encontrado, no tenemos opción», dice. Nos enseña el habitáculo. Es uno de los más grandes. Todas tienen lo mismo: una cama y un baño con ducha. Él y su pareja son creyentes. Hay estampitas de vírgenes por todos las esquinas de la habitación. Un cuarto que no supera los 12 metros cuadrados.

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«Es imposible llegar a un piso. Al principio, lo intentamos pero nos exigían tres nóminas. Y ahora todo se ha encarecido. Nosotros solo vivimos con la pensión de mi mujer por minusvalía. Cobra unos 500 euros. Y a mí, por mi edad, no me dan trabajo. Esto es lo más barato que hemos encontrado en Palma», sentencia.

José Reyes llegó a España en 2009. Asegura que es una persona documentada y su situación está regulada. Pero es otra víctima de haber pagado por empadronarse. Asegura que el policía detenido le facilitó el empadronamiento pero con la condición de «aumentar un poco mi fianza». José sabe que esta operación no era legal, porque empadronarse es totalmente gratuito.

Vivir en un espacio con otras siete personas tiene sus cosas, pero José dice que «yo soy amigo de todo el mundo», y que en su caso no había más opciones habitacionales: «Era esto o en la calle», repite lo mismo que su vecino Jesús. A pesar de su situación, se muestra optimista: «El ser humano tiene la capacidad de adaptarse en cualquier lugar».

Estas viviendas que gestiona también el policía local, detenido el pasado 21 de noviembre por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, son de lujo si lo comparamos con el sótano ubicado en la calle Joan Miró, donde viven sin apenas luz y sin ventilación decenas de personas y niños. Sin embargo, el agua a veces se estropea. Por otra parte, hay una rotura en mitad del pasillo con escombros sin recoger.

Las habitaciones cuentan con una diminuta ventana, pero no parece que sean aptas para vivir. Los afortunados, que son los de las primeras dos habitaciones, sí tienen ventanales que dan a la calle. Según comentan solo conocen dos personas españolas. El resto son extranjeros y una parte en situación irregular.