La mayoría de residentes en la comunidad son extranjeros. Se trata de viviendas de lujo en Santa Ponça. | R.L.

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Una manera «poco ortodoxa» de actuar, pero no un delito. La Audiencia Provincial exculpa al presidente de una comunidad de vecinos de lujo al que los actuales responsables de la finca reclamaban una condena de 17 años de cárcel por un delito de estafa. El tribunal descarta tanto estos cargos como la acusación que mantenía Fiscalía, que consideraba irregular un único contrato de los llevados a cabo por el expresidente. La sentencia señala que el responsable de la comunidad se pudo exceder de sus funciones, pero que tenía el «amparo de la mayoría de los propietarios».

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El presidente ocupó el cargo de la propiedad de lujo entre el año 2003 y 2019. Era de los pocos vecinos que residían todo el año en el inmueble. Así, buena parte de los otros propietarios le confiaron el cuidado de sus propiedades cuando no estaban y le aportaban sus votos en las juntas de vecinos.
El presidente encargó durante años distintos trabajos de reparaciones y otras en la propiedad y buena parte de ellos los ejecutaba una empresa de la que él mismo era el titular. Sin embargo, la sentencia señala que no ha quedado acreditado ni que fueran obras innecesarias ni que el precio que se abonaba estuviera por encima del de mercado, por lo que descarta que existiera un engaño o un perjuicio a la comunidad.

La sentencia valora que de todos los contratos se daba cuenta en las reuniones y que los propietarios que declararon en el juicio señalaron que todos conocían las empresas que se contrataban y que estaban de acuerdo en que fueran del presidente. El tribunal también descarta que existiera engaño en un contrato de seguridad para la finca y que este estuviera falsificado porque, si hubiera sido así, sería «demasiado burdo».