Andreu Serra, ex conseller de Turisme del Consell de Mallorca. | Pere Bota

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El grupo socialista en el Consell de Mallorca exige al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, una «mayor contundencia» contra la oferta turística ilegal y «más transparencia» a la hora de proporcionar datos sobre las inspecciones y las sanciones a los infractores. Sobre éstas y otras cuestiones, el grupo que lidera Catalina Cladera tiene previsto interpelar al conseller de Turisme i Esports, Marcial Rodriguez, en el pleno de este jueves, a través de su antecesor en el cargo, el socialista Andreu Serra.

El pasado 18 de octubre, Galmés y Rodriguez anunciaron un plan contra el alquiler turístico ilegal basado en cuatro ejes. Un primer eje fiscal, centrado en cruzar datos de la institución insular y la Conselleria d'Hisenda para saber qué propietarios pagan o no el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), una medida que precisa cobertura legal para poder tratar los datos de la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) sin vulnerar la normativa de protección de datos. La segunda línea de acción se basa en equilibrar el trabajo de los inspectores y los empleados que tramitan sanciones mediante una campaña de horas extras. El tercer eje es urbanístico, en el que una vez detectado un alquiler turístico se informa a los ayuntamientos para que confirmen si cumplen o no con la ley. Y una cuarta y última línea de actuación se centra en seguir trabajando con las plataformas digitales para conseguir que se comprometan a perseguir esta actividad.

Andreu Serra pide más contundencia contra la oferta ilegal y critica que el Consell no informe desde el pasado mes de octubre de los resultados de las inspecciones. «Y los datos que dieron entonces son de cuando yo todavía era conseller», señala. Serra se muestra muy crítico también con el plan anunciado por Galmés: «Que combina el humo con medidas que ya pusimos en marcha en la pasada legislatura». Según Serra: «el mismo conseller Rodríguez ya admitió que para usar los datos de ls ATIB el Consell tendrá que instar alparlament a una modificación legislativa que la habilite, lo que la hace inviable».

Serra pide también a su sucesor en el cargo que explique «cómo van a cerrar viviendas que hayan formado parte de la oferta ilegal sin atentar contra la propiedad privada».