El acusado asumió este martes en un juzgado de lo Penal de Palma la condena tras un pacto entre acusaciones y defensas. En la imagen, el empresario junto a la intérprete que le asistió. | R.L.

TW
13

El responsable del Dragon Sushi, el restaurante que provocó una intoxicación con un centenar de afectados en Palma, asume una condena de un año de cárcel por el brote. El acusado admitió en el juicio que las malas condiciones sanitarias que entonces tenía su local provocaron las intoxicaciones. Junto a la pena de cárcel, el empresario asume una inhabilitación durante ocho años para gestionar cualquier negocio relacionado con la restauración. También deberá abonar multas que suman los 33.000 euros.

Esas sanciones corresponden tanto a la responsabilidad del responsable del local y como la de la propia empresa que gestiona el buffet de sushi de la calle Blanquerna, también condenada en el pacto suscrito ayer en un juzgado de lo Penal de Palma. El seguro del local ya ha consignado más de 14.000 euros para los perjudicados que se han personado en la causa.

Noticias relacionadas

El brote de salmonela fue detectado en el mes de agosto de 2019 en el establecimiento. A lo largo de unos días, el IB-Salut llegó a identificar alrededor de un centenar de personas intoxicadas después de haber comido en el restaurante. El local fue clausurado de inmediato y los servicios de sanidad llevaron a cabo una serie de inspecciones en las que se detectaron una serie de irregularidades en el tratamiento y conservación de los alimentos, entre ellos el pescado empleado como elemento principal del menú del restaurante.

El establecimiento permaneció cerrado dos meses hasta que solventó esos problemas y, desde entonces ha estado funcionado con notable éxito y, de hecho, es un local que está habitualmente lleno. Desde entonces no se han repetido incidencias en el Dragon Sushi.

De todos los afectados, la calificación del Ministerio Público incluía a 29 personas, que serán las que perciban una indemnización. Varias personas que fueron identificados en un primer momento como víctimas quedaron finalmente fuera del procedimiento judicial.

La condena de prisión para el único acusado por un delito contra la salud pública será suspendida por un plazo de tres años condicionado a que pague las indemnizaciones y las multas y que no cometa ningún otro delito en durante ese tiempo. Inicialmente, la Fiscalía y la Abogacía de la Comunitat autónoma reclamaban una condena de dos años y medio de cárcel para el único acusado, que quedó reducida tras el acuerdo alcanzado en el juicio.