Como ha recordado la Conselleria, la Ley de Urbanismo de Baleares (LUIB) ha sido objeto de seis modificaciones desde su aprobación en 2017. Por ello, el Govern considera necesaria «una revisión en profundidad» mediante la aprobación de una ley completamente nueva, y no una reforma de la existente.
En 2014 la Ley de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS) estableció por primera vez una regulación general con la figura del plan general. Este Plan determinaba la clasificación del suelo y la estructura general y orgánica del municipio, así como la ordenación pormenorizada del suelo urbano y urbanizable ordenado.
En 2017 la LUIB introdujo un sistema de doble plan, uno general y otro de ordenación detallada. El cambio se justificó en el tiempo que llevaba aprovechar definitivamente un instrumento de ordenación municipal, con el objetivo de agilizar la redacción.
Sin embargo, tras seis años de vigencia, el Govern actual considera que «durante estos años ha demostrado ser poco operativo»: «En la práctica ha generado dificultades a la hora de identificar qué información debe figurar en cada uno de los planes».
De hecho, el anuncio en el BOIB recalca que uno de los principales problemas ha sido «identificar con precisión» qué información debe figurar en cada uno de los planes, y resalta el hecho de que en la actualidad «prácticamente ningún municipio tiene actualmente disponibilidad efectiva de los dos nuevos instrumentos», a pesar de que la Ley daba plazos de dos a cuatro años.
Por todo ello, la nueva ley pretende regular «de forma integral» la actividad administrativa en materia de urbanismo y desarrollar las competencias en materia de legislación de ordenación urbanística que la Comunidad Autónoma tiene atribuidas.
La ley deberá fijar el sistema para integrar esta materia en la ordenación del territorio, «proporcionando una visión más global», según la Conselleria, que ha puntualizado que los Consells Insulars tendrán margen de regulación de acuerdo con sus competencias, a través de reglamentos de desarrollo.
El anuncio de la consulta se publicó en el Boletín Oficial del pasado sábado. Según ha informado la Conselleria, la previsión es que la tramitación parlamentaria finalice en diciembre de 2024 y la normativa pueda quedar aprobada a final de año. En este trámite, las personas y organizaciones que puedan verse afectadas por la futura norma podrán dar su opinión sobre la materia.
Plan general de Palma
En el caso de Palma, coexiste un Plan General aprobado definitivamente antes de las elecciones de 2023 con partes de la regulación de 1998, al haber decaído el pasado octubre el plan detallado.
El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, aseguró que la situación generada «creaba difunciones tales como que se pudiera mañana construir en un solar rústico de 14.000 metros en Palma» o que «no se pudiera mover ni una persiana en edificios donde viven cientos de familias palmesanas».
Por ello en noviembre el Ayuntamiento aprobó la modificación de varios artículos del Plan General. En detalle, se alteró la disposición derogatoria única para evitar desregulaciones respecto a suelo rústico, Áreas Residenciales Estratégicas (ARES) y edificios inadecuados -término que no se refiere a edificios fuera de ordenación, sino a edificios legales construidos con normativa anterior-.
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