Salud ha hecho hincapié en las palabras del pasado 21 de marzo del director general, Javier Ureña, cuando explicó que el motivo del desistimiento del expediente de reclamación era la dificultad que prosperase a causa del certificado de conformidad que la administración anterior emitió a la empresa el 12 de agosto de 2020. En un comunicado, la Conselleria ha detallado que el plazo de resolución del expediente de reclamación era de ocho meses, y no de tres, a contar desde el pasado 24 de agosto.
«La aplicación de este artículo a los procedimientos de resolución de contrato en la Comunidad Autónoma fue establecida por medio del Acuerdo de la Comisión de la Junta Consultiva de Contratación de Baleares de 30 de noviembre de 2023, y así lo constata por medio de una diligencia la jefa del Departamento de Contratación del Servicio de Salud», ha precisado el departamento autonómico.
De acuerdo con estos plazos, una vez presentadas las alegaciones por parte de la empresa, aún quedaban cinco meses para resolver el expediente, ha añadido la Conselleria. A pesar de ello, Salud optó por abrir el pasado 21 de marzo una nueva vía administrativa para declarar la nulidad del contrato y reclamar no solo los 2,6 millones de euros, sino los 3,7 millones de euros íntegros que fueron abonados a la empresa.
El Servicio de Salud reitera que hay suficientes elementos para declarar la nulidad del acto de adjudicación del contrato a la empresa y solicitar la restitución de los 3,7 millones de euros a las arcas. Esta nueva vía administrativa abierta, como ha recordado Salud, se fundamentó en la falta de capacidad para contratar el suministro objeto de este contrato ya que el objeto social de la empresa no contemplaba la compra de las mascarillas, la falta de solvencia económica de la empresa y la falta de solvencia técnica de la empresa.
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