El auto confirma la resolución dictada en enero de 2023 por el juzgado de primera instancia de Palma que ya declaró la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para atender las reclamaciones de los demandantes. Otra sentencia se pronunció en el mismo sentido ya en el año 2019.
Con ello se ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones y se ha condenado a Central de Santa Lucía a pagar las costas judiciales. Los demandantes reclaman más de 150 millones de euros a cuenta de los beneficios obtenidos en unos terrenos «confiscados» y mantienen pretensiones sobre las actividades de 15 hoteles de la cuarentena que Meliá tiene en Cuba.
Esta guerra judicial se desató cuando Donald Trump estaba al frente del Gobierno de EEUU Las reclamaciones se amparan en dos artículos de la ley Helms-Burton -desempolvada por la Administración Trump como estrategia de asfixia comercial y económica al régimen cubano- que facultan al Departamento de Estado para iniciar acciones contra «extranjeros que hayan confiscado bienes de ciudadanos estadounidenses o traficado con dichos bienes». El gobierno estadounidense llegó a vetar al CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, a quien prohibió al entrada en el país.
La guerra con Meliá es la punta de lanza de la estrategia judicial de los demandantes, que de ver prosperar sus reclamaciones ampliarían el campo de batalla al resto de cadenas hoteleras internacionales allí asentadas, incluidas las mallorquinas Iberostar, Barceló o Blau Hotels.
La firma de abogados Garrigues es la que ha liderado la defensa de Meliá en la Audiencia Provincial. la cadena, por su parte, ha manifestado su «satisfacción» por la «contundencia» de la resolución judicial.
