La Policía Nacional detuvo a cuatro de los sospechosos el pasado mes de marzo. Tras varias denuncias de afectados se detectó a un grupo de personas que se presentaban como funcionarios del Consell Insular y se ofrecían a intervenir en procedimientos por disciplina urbanística. Consiguieron más de 370.000 euros a cambio de promesas de anular las sanciones que pesaban sobre las víctimas que, mientras tanto, no recurrían ni actuaban de forma real en el procedimiento administrativo.
En la causa constan algunas gestiones llevadas a cabo por los investigados ante la institución por parte del arquitecto. La investigación policial le atribuye que en esa condición profesional realizaba gestiones de trámite a fin de aparentar que el dinero invertido se estaba dedicando a obtener la cancelación de la sanción, aunque la intención de anular estas multas era nulo ya que las mismas eran firmes y no cabía recurso contra las mismas. Incluso se investiga si los documentos presentados por el profesional podían estar manipulados ante las sospechas por alguna firma de la que hay indicios de que fue falsificada.
En la comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma ninguno de los investigados ha respondido a preguntas de las acusaciones.
Entre ella consta el Consell Insular, que se ha personado en las actuaciones ante el daño causado a la institución, la suplantación de sus trabajadores y el que la estafa se basara en unos supuestos contactos con responsables de las denuncias que permitirían eliminar las multas. En algunos de los casos denunciados, las sanciones se elevaban hasta el medio millón de euros, además de implicar la demolición de las obras ilegales. El efecto de la estafa, además del dinero pagado es el coste en recargos de las sanciones y que estas se han convertido en firmes, lo que obliga a los afectados a acatar las multas.
Precisamente, los denunciantes esgrimen que la red se aprovechaba de la situación límite en la que se encontraban para captarlos y ofrecerles una solución mágica.
Engañado
Uno de los investigados, al que se le atribuye el papel de captar a las víctimas, sí que declaró a preguntas de su defensa. Manifestó que él mismo había sido engañado por otras personas y que podía dar tres nombres diferentes de otros implicados en la trama. Sin embargo, ayer solo facilitó uno y se guarda para el futuro los otros dos supuestos. Otro de los investigados, cuyo papel es el de ser el titular de la cuenta corriente en la que se hacían los ingresos, rechazó declarar.
Uno de los extremos que se intentan aclarar en la investigación judicial es cómo el grupo conseguía información sobre la identidad de las personas sancionadas por irregularidades urbanísticas. El Consell no hace públicos esos datos. Por el momento no hay ningún funcionario afectado por la investigación del juzgado de instrucción.
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Algún funcionario caerá pronto. Es cuestión de tiempo.