Los municipios vigilarán el alquiler turístico ilegal a cambio de una parte de la recaudación en multas

Los ayuntamientos, por su parte, están abiertos a colaborar siempre y cuando un porcentaje de la recaudación en multas vaya a parar a las arcas municipales. Desde la presidencia de la FELIB, Jaume Ferriol, alcalde de Maria de la Salut, se señala que «falta trabajo jurídico por hacer», pero los consistorios están por la labor de colaborar si eso revierte en ingresos efectivos para los municipios. Máxime cuando ya sufren evidentes estrecheces en materia de plantillas policiales.

«Faltan efectivos y el acuerdo implicaría reorientar las prioridades de los pocos que tenemos; el Consell ganaría muchos inspectores con eso», señala Ferriol para añadir que sería relativamente sencillo para los agentes desempeñar esa labor. «Muchos seguramente ya conocen cuáles son esas casas o podrían encontrarlas en media hora, porque se pasan el día dando vueltas por el pueblo», afirma para añadir que los inspectores insulares deberían transmitir antes unas pautas de control a los policías para facilitarles la tarea.

Las negociaciones entre ambas partes están en marcha y también la revisión de los entresijos legales necesarios para posibilitar esta iniciativa. Entre esos condicionantes se encuentran las modificaciones legislativas para ampliar las competencias de los agentes policiales y que estos estén incluso facultados para precintar las viviendas. El decreto ley de simplificación administrativa del Govern aprobado el pasado martes ya permite a los inspectores clausurar los inmuebles comercializados ilegalmente y ya se está preparando una enmienda para extender esa prerrogativa a la policía.

La casuística que envuelve toda esta picaresca es muy amplia y eso complica sobremanera las labores de inspección. «No es que el sistema de inspección con el que contamos sea ineficiente, es que es insuficiente», señaló ayer la directora insular de Turisme, Clara del Moral.

Según explicó, los propietarios de las viviendas están ampliando su radio de acción y «saliéndose cada vez más de los canales de comercialización tradicionales». Muchos de estos inmuebles están sorteando las trabas legales que empiezan a encontrar en las plataformas tradicionales de alquiler a través de anuncios en redes sociales como X, Instagram, Facebook o TikTok, o bien restringiendo su presencia en los canales habituales anunciándose únicamente durante la noche o en fines de semana. «Saben que los inspectores trabajan de lunes a viernes en horario diurno».

Asimismo, los funcionarios se encuentran en ocasiones con que un determinado inmueble que han estado vigilando no es al que finalmente acceden los clientes, sino otro próximo y/o similar. «Cuando llega el turista le dicen que va a ser alojado en otro piso de categoría superior». De ese modo es muy posible que la vivienda ofertada online no sea ni siquiera de la misma propiedad.

Otro aliado que el Consell considera esencial para perseguir la oferta ilegal es la Agencia Tributaria, dadas las complejidades que implica contactar y multar a los infractores. «Es dificilísimo notificar: un 70 % de las notificaciones que enviamos nos son devueltas». Del Moral afirmó la Agencia Tributaria facilitaría toda esa labor, puesto que dispone de los domicilios de los propietarios y de toda la información necesaria, por lo que «le vamos a intentar ceder la recaudación voluntaria para que sean ellos los que se encarguen de hacer las notificaciones». Ambas partes están trabajando en estos momentos en un convenio para optimizar toda la tarea de las notificaciones.

La directora insular realizó estas declaraciones en Ca n'Oleo, en el marco de un congreso organizado por la UIB sobre la convivencia entre turistas y residentes en Baleares. Del Moral fue una de las integrantes de una mesa redonda en la que también participaron la presidenta de la FEHM, María Frontera; la gerente de Habtur, Maria Gibert; el abogado de Illeslex, Javier De Blas, y el profesor de geografía, Víctor Picó.