«Las licencias en rústico ya no se dan tan rápido; el Pacte creó un efecto llamada»

Rechazan el Bus-VAO actual, pero no este tipo de carriles. Tras un año, ¿asumen que no se retirará y que tendrán que aceptar esta medida con algunas modificaciones que se consensúen con la DGT?   
—Trabajaremos hasta el final para eliminar esta chapuza porque la ciudadanía no lo quiere, como expresó en las elecciones del 28 de mayo del año pasado. La Federación Empresarial Balear de Transportes también lo rechaza tal y como está ahora. Nuestros informes técnicos avalan nuestra posición porque solo lo usan uno de cada 10 vehículos que circulan por esta autopista; ha incremento la circulación por otras vías alternativas y ha duplicado los accidentes en este tramo.

Y si la justicia no les da la razón, ¿aceptarán mantenerlo con una serie de cambios?
—En su momento pedimos una reunión con el ministro, pero despreció la necesidad de los ciudadanos y nos delegó al director de la DGT, Pere Navarro, que, en una reunión, aceptó que tal y como está no funciona bien. Están abiertos a eliminarlo una serie de horas al día, pero nosotros no queremos que siga operativo tal y como está. Queremos dar seguridad y mejorar el acceso a Palma. No estamos en contra de los carriles Bus-VAO, solo de esta chapuza porque así nos lo indican los informes técnicos.

Sin limitar el número de vehículos en la Isla, ¿cree que al acabar la legislatura habrá «desatascado» Mallorca, como prometió en campaña?
—Cuando tengamos los resultados del estudio de carga que hemos encargado podremos valorarlo, pero por ahora no puedo avanzar medidas, al menos hasta que esté listo ese análisis. Aun así, continuamos exigiendo al Gobierno los 230 millones del convenio de carreteras que nos cambiaron por los 110 de la insularidad.

Llevan meses hablando del estudio sobre la capacidad de carga de las carreteras. ¿Puede adelantar alguna cosa?
—La pasada legislatura no se hizo ninguno y Formentera y Eivissa van por delante de nosotros; si ya lo tuviéramos podríamos tomar las medidas contundentes que el pueblo de Mallorca pide contra los atascos. Somos conscientes de que la congestión no se arregla de un día para otro, sobre todo tras ocho años de parálisis. Estamos tomando otras medidas, como fomentar el transporte público con la incorporación de 10 nuevas líneas o reclamar a Madrid el convenio ferroviario, porque es una injusticia no tenerlo. También queremos arreglar los puntos negros y mejorar las infraestructuras existentes con un plan de 54 millones para construir las rondas que el Pacte no hizo, como la de Artà, Sencelles o s'Alquería Blanca.

La ITV de Son Bugadelles está acabada, pero sigue cerrada, y el tiempo de espera continúa siendo alto. ¿Lo fían todo a la privatización, que en todo caso se aplicará al final de la legislatura?
—Un modelo mixto público y privado es un éxito porque la gente puede escoger. En otras comunidades funcionan a la perfección y no creemos que interfiera en el precio de las tasas. Cuando llegamos al gobierno había más de cinco meses de espera, la más alta de España. Nos encontramos con que el anterior conseller insular de Moblitat, Iván Sevillano, no quería prorrogar el contrato de la ITV móvil de Magaluf. Lo hicimos nosotros y, desde entonces, hemos reducido la espera a la mitad, abriendo los fines de semana y permitiendo 180.000 citas nuevas. Esperamos que la estación de Calvià sea una realidad lo antes posible; llegamos tarde porque el contrato insular que nos dejaron no permitía abrir una nueva y se ha tenido que cambiar todo. Además, ya buscamos un solar para construir otra en Campos.

¿Cómo están persiguiendo el alquiler ilegal?
—Encontramos miles de expedientes pendientes por resolver y hemos aumentado el personal para tramitarlos, pasando de 500 a 1.000 inspecciones. Se ha reducido el tiempo de espera, de 2 meses a 5 u 8 días de espera. Ya hemos anunciado que este verano impulsaremos más de 2.500 inspecciones porque la oferta ilegal perjudica la marca de Mallorca y a las empresas que cumplen con la ley. Ponemos a los residentes en el centro de las políticas turísticas porque no tenemos problemas de demanda, necesitamos gestionarla. Por eso hay que hacer frente a la saturación.

Han rebajado el tope de crecimiento turístico, pero eso no repercute en la masificación existente. ¿Prevén hacer algo más?
—La pasada legislatura hubo un crecimiento de plazas turísticas nunca visto: más de 93.000. La moratoria que anunciaron fue falsa porque incluía excepciones y se dieron hasta 3.000 más y el Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics (PIAT), con un tope de 430.000 plazas, no es que sea a futuro, es a presente, porque este junio preveía incorporar más.

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Estaban paralizadas por la moratoria, aunque incluyera, efectivamente, excepciones que han permitido autorizar más plazas.
—Por eso las eliminamos definitivamente. Y la modificación del PIAT pondrá en valor la actividad turística y su impacto en la economía.

Pero eso ya se venía haciendo y no es una medida que afecte a  la saturación.
—Sabremos qué impacto económico tiene el turismo con diversos criterios. Estamos orgullosos de que los líderes del sector sean de Mallorca, a diferencia de lo que pensaba el anterior gobierno insular.

Tras un año como presidente, ¿no se compara mucho con la gestión del Pacte?
—La herencia que he recibido no se la deseo a nadie. Francina Armengol, en 2023, todavía hablaba de la herencia que recibió ocho años antes. Hemos tenido que pagar la deuda de 3,5 millones a los pequeños comercios, más de 12 millones a los ayuntamientos y tramitar expedientes turísticos paralizados. Además de poner en marcha proyectos europeos que caducaban a finales de 2023 y que algunos no se podían ejecutar. La Administración estaba paralizada por un proceso de estabilización que no era el adecuado. En un año ya hemos cumplido más del 60 % de los acuerdos. Firmamos un acuerdo de gobierno muy bueno.

Pero con Vox ya han tenido algunos roces y advierten que solo apoyarán el presupuesto si eliminan las ayudas directas a la Obra Cultural Balear y Joves per la Lengua. ¿Lo harán?
—No hemos dado ningún paso atrás. Estamos orgullosos de tener dos lenguas porque es una riqueza. Hemos recuperado los premios literarios en castellano porque queremos una cultura abierta, con más participación. Seguimos apoyando a la lengua catalana.

¿Pero suprimirán esas ayudas que este año han aprobado con el apoyo de la oposición?
—En los acuerdos con Vox no está esa propuesta y nuestra postura es contundente: continuaremos dando ayudas para rotular y fomentar el catalán. No se ha dado paso atrás en cultura, lengua, LGTBI o en la ayuda a las mujeres víctimas del machismo. La izquierda se ha quedado sin discurso.

Legalizarán unas 30.000 edificaciones en suelo rústico. ¿No deberían haber hecho un estudio sobre el impacto que tendrá esta decisión?
—El mayor destructor del territorio ha sido el Pacte por autorizar más de 3.000 licencias fora vila en las dos últimas legislaturas. Equivale a la construcción de un municipio como Lloseta.

Eso no lo criticaron en su momento; apoyaron la autopista de Campos y no dijeron nada sobre esas autorizaciones. Ahora, de hecho, se siguen dando porque no han cambiado la normativa.
—Pero ya no se dan tan rápido. No provocamos un efecto llamada como con el Pacte; los que pudieron, construyeron, lo viví como alcalde. Nosotros damos una seguridad jurídica que antes no había. La izquierda ahora nos dice que queremos destruir el territorio por permitir placas fotovoltaicas, cuando ellos permitieron el equivalente a 1.000 campos de fútbol. Además, el PSIB, en Pollença, con Martí March, está totalmente de acuerdo en que se legalicen esas casas y que conserven las licencias turísticas, si las tenían. Regular estas edificaciones lo pedían todos los ayuntamientos, al margen de su color político, porque no se podían ni derrumbar ni arreglar.

La presidenta Marga Prohens se enfadó por su comida con Biel Company. ¿Fue un error?
—Fue una comida con amigos y periodistas, como cualquier otra a la que habría ido. Una comida privada. También como o tomo cafés con directores de medios y periodistas.