El sindicato ha reprochado que el Govern rechazara una dotación de recursos provenientes de los fondos europeos para la creación de plazas públicas de FP, con el argumento de la «incapacidad de ejecución» y el «solapamiento de convocatorias».
En una nota de prensa, han admitido las «dificultades administrativas» que se puedan tener pero han censurado que el Govern «no se haya preparado, ni dotado de los recursos necesarios para la asunción de la convocatoria que, a excepción de La Rioja, todas las demás comunidades autónomas han aceptado».
CCOO han indicado que, más que una «decisión técnica» como quiere hacer entender el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, es una decisión de «política educativa», que "va en contra de lo que se trata en el Diálogo Social y en la Mesa de Calificación, Formación y Mercado Laboral del Pacto Social y Político que el Govern impulsa.
«Los agentes sociales, sindicatos mayoritarios y patronales están de acuerdo en que la formación, y en concreto la Formación Profesional, deben ser el motor del cambio del modelo productivo que conducirá a Baleares hacia unas empleos de mayor valor añadido. Las empresas necesitan personas trabajadoras calificadas y formadas para poder alcanzar los retos de modernización con la creación de puestos de trabajo estables, de calidad y mejores condiciones de vida», han defendido.
De este modo, CCOO ha señalado que si el «interés» por la FP es «real» por parte de la administración, «solo cabe comprender que el Govern apuesta porque la ampliación de la oferta venga de la mano de la empresa privada, en lugar de fomentar la educación pública como elemento de cohesión social y de reducción de las desigualdades».
Sin embargo, han advertido que este modelo supone un «sobrecoste» para las familias, que «tendrán que asumir los gastos de matrículas en centros privados o bien la perpetuación de un sistema económico de baja calificación y que proporciona unos empleos precarios».
Por otra parte, han recordado que la calificación por la vía de la acreditación de la experiencia profesional, es un modelo que «debe promocionarse» e «impulsarse» como sistema de calificación y como vía de reingreso a la formación reglada para aquellas personas que en su momento decidieron abandonar sus estudios.
«Todos los fondos que se puedan obtener para la acreditación de competencias son imprescindibles y tampoco se pueden rechazar», han recalcado.
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