Los jubilados están sufriendo retrasos considerables en la tramitación de sus prestaciones.

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La Seguridad Social se encuentra al borde del colapso en Baleares, según denuncian desde UGT. El secretario general de Unión de Jubilados y Pensionistas del citado sindicato, Pedro Berruezo, precisa que están «aumentando considerablemente los retrasos en tramitar las jubilaciones y expedientes de invalidez con la consiguiente demora en el cobro de las prestaciones». En este sentido, pone como ejemplo que «las personas más necesitadas y con menos recursos deben esperar varios meses desde que solicitan una prestación por el Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta que reciben el primer pago; en algunos casos se roza el año de espera. En la Seguridad Social siempre se ha tenido que esperar, pero desde 2023 mucho más», precisa.

Aunque deja claro que la Seguridad Social siempre abona los retrasos, destaca que esto supone problemas importantes para algunas personas puesto que no todo el mundo cuenta con los ahorros suficientes para vivir sin las prestaciones a las que tienen derecho. «Si le han concedido una prestación, evidentemente, es porque la necesita», argumenta.

Mal servicio a los ciudadanos

Berruezo lamenta que «el principal perjudicado de esta situación es el ciudadano, sobre todo, las personas mayores, ya que no se les da el servicio que tenían antes al ser necesario las citas previas y el acceso telemático que sigue siendo dificultoso y falla muchísimo». No obstante, precisa que «están haciendo implementaciones y cambios», pero lamenta que «no se acerca lo suficiente al ciudadano mayor, que no tiene la formación necesaria».

Preguntado por los motivos que han conducido a esta situación, responde que son varios. Uno de los más importantes es la falta de personal. En este sentido, critica que el Gobierno central tiene parada la tasa de reposición del funcionariado, por lo que las plantillas cada vez son más escasas. En Baleares se añade el problema de que los funcionarios no quieren venir por el elevado nivel de vida, especialmente, por el alto precio de la vivienda y las dificultades para encontrar una. El citado sindicalista lamenta que «no se les compensa con un complemento de insularidad, reclamado desde hace años, lo que implica que en los concurso de traslados se marchen a otra comunidad autónoma y abandonen su plaza tras estar formados».

Además, el secretario general de Unión de Jubilados y Pensionistas recrimina que están llegando muy pocos interinos y los que lo hicieron «no tenían toda la formación necesaria y actualizada», ya que suelen venir derivados del Inem tras haber hecho un curso online de 10 horas. A su modo de ver, se trata de «una formación muy insuficiente», ya que tienen que responder a preguntas muy diversas. «Un funcionario de la Seguridad Social tiene que estar preparado para responder a preguntas muy diversas, ya que los ciudadanos pueden preguntar por pensiones de viudedad, orfandad, el ingreso mínimo vital, bajas laborales, brecha de género…».

Otro de los factores que están contribuyendo a esta situación de colapso son los «cambios en las funciones de los trabajadores públicos y la atención despersonalizada, ya que conlleva un mayor retraso en la tramitación». Además, reprocha que se están produciendo «continuos fallos en la implantación de la tecnología, que tarda meses en adecuarse a los cambios normativos impidiendo el correcto funcionamiento de usuarios y las consiguientes reclamaciones y retrasos». Teniendo en cuenta todo esto, Berruezo expone la «necesidad de implementar un plan estratégico para poder hacer frente a las jubilaciones futuras en la Administración»; advierte que «el 33 % de los recursos humanos accederán a la jubilación en los próximos cinco años».