Delgado se ha mostrado muy beligerante con la investigación en su contra y en especial con los agentes de la Guardia Civil. En la imagen, el exconseller en la Audiencia Provincial tras declarar como testigo en una pieza del ‘caso Cursach’. | ALEX SEPULVEDA

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El exconseller de Turisme y exalcalde de Calvià, Carlos Delgado, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de los acusados por el caso Calanova. Responde por la acusación de haber beneficiado con más de 700.000 euros a su actual socio de despacho profesional, el abogado Carlos Gelabert, con la manipulación del todo el proceso por el que se privatizó el puerto deportivo en los años 2012 y 2013, durante los ejecutivos autonómicos liderados por José Ramón Bauzà. La Fiscalía reclama una condena para el exconseller de un año y nueve meses de prisión.

En el juicio, además de Delgado y de otros cinco acusados, está encima de la mesa una posible nulidad del contrato del puerto, de consecuencias millonarias. Se prevé una vista caliente, por la personalidad del exconseller quien durante toda la instrucción ha denunciado una maniobra en su contra para provocar el juicio y negado cualquier responsabilidad.

El relato de la acusación pública sostiene que Delgado manipuló todo el proceso de adjudicación para beneficiar a la sociedad Port Olímpic Calanova. Ese mercantil había sido creada para el concurso y en ella participaba como socio Carlos Gelabert, que tras la marcha de la política de Delgado se convirtió en su compañero de despacho. Un tercer abogado, Francisco López Hinojosa también se benefició de la trama, según la Fiscalía. Una vez decidida la adjudicación a Port Olímpic, Gelabert y López Hinojosa vendieron sus participaciones a otro de los acusados, Felipe Elvira y percibieron esos 700.000 euros cuando su inversión apenas había sido de 50.000 euros. Estuvieron solo cinco meses como socios de la mercantil.

La Fiscalía sostiene que ese pago fue, en realidad, una compensación por la influencia de Gelabert en su amigo Delgado para manipular el concurso. Según la acusación pública, el encargado de guiar el proceso fue el entonces secretario general de la Conselleria, Joaquín Legaza, también encausado.

De acuerdo con el relato de la acusación se ocultó de forma sistemática información al consejo de administración de Ports de Balears y se guio el concurso a favor de Port Olímpic Calanova. La principal maniobra fue permitir a esta empresa alterar la disposición y el número de amarres sobre lo que marcaba el concurso e impedir eso mismo al resto de aspirantes. De esta manera, al incorporar plazas para yates de veinte y 25 metros de eslora, la empresa pudo incrementar su oferta económica muy por encima del resto de aspirantes. De hecho, señala el fiscal, que los técnicos alertaron contra esa opción y que fueron silenciados.

Durante la instrucción, Delgado y Gelabert negaron cualquier relación de amistad. Sin embargo, se volvió en su contra el asunto por la declaración de las antiguas parejas de ambos, en especial la del segundo, que aportó una fotografía de una cena de amigos con ambos socios presentes. Delgado llegó a aportar en su defensa una grabación de una conversación telefónica a esta testigo con su exmujer y el juez llegó a pedir que fuera investigado por una posible coacción a la testigo. Además de la Fiscalía ejercen la acusación el Govern, el empresario que denunció el caso y una de aspirantes al concurso.