«¿Está cómo habiendo ingresado 62 millones de euros a una empresa concesionaria? Si estuviera en su lugar, no lo autorizaría», le ha asegurado Cladera a Bosch. «Esto es malversar porque es una mala gestión de la tarifa. Nunca antes, desde que se gestiona la concesión, se habían dado estas partidas millonarias que comprometen la estabilidad futura del Consell porque el dinero proviene de remanentes», le ha reprochado al conseller insular.
«No quieren reconocer que están subiendo la tarifa porque prometieron reducir un 10 %, y por eso hacen el pleno por la tarde, sabiendo que apenas habrá periodistas, y sin explicar por qué pagarán este dinero», ha dicho la socialista, insistiendo que con estas partidas (el año pasado fueron 43 millones) se podría pagar el transporte público o más plazas de atención a gente mayor.
Antes estas acusaciones, Bosch ha respondido visiblemente molesto aunque sin perder la ironía: «Con la edad duermo un poco peor, pero no por este tema. Nunca ha faltado un solo céntimo en ningún cargo por el que haya pasado», le ha contestado a Cladera. «No consentiré que nadie haga dudar de ello sin pruebas. Nos reservaremos las acciones oportunas para recuperar la dignidad que hayamos podido perder antes estas insinuaciones», ha advertido. «Si ve malversación, vaya a Fiscalía. No puede soltar soflamas», ha criticado el portavoz de Vox, Toni Gili.
El conseller insular d'Hisenda ha insistido en que la inyección de 19,1 millones aprobada este miércoles con el rechazo de PSIB y Més y la abstención del PI se debe a que los técnicos han considerado que era la mejor opción. «No hemos malversado nada y lo sabe, usted ha mentido. Hemos hecho lo que había que hacer y hemos subsanado lo que nos hemos encontrado», ha insistido Bosch, destacando que el Consell ya no cobra la ayuda estatal para subvencionar el coste energético insular que sí se cobró durante gran parte de la pasada legislatura. Cladera, que ha mantenido su acusación, ha respondido recordando la polémica en la cual estuvo inmerso en 2012 siendo conseller de Educació por ir de excursión a Cabrera por motivos personales utilizando medios públicos.
La tarifa de residuos que la empresa concesionaria cobra a los ayuntamientos por gestionar la quema del rechazo que generan actualmente está en 114 euros por tonelada. De los 19,1 millones, el gobierno insular destinará 13,5 millones para desplegar la normativa estatal que prevé la creación de una tarifa sobre restos orgánicos con el fin de incentivar la recogida selectiva municipal. De esta manera, se bonificará al 100 % y los consistorios no tendrán que pagarla en 2025, aunque el dinero, como todo presupuesto público, no deja de provenir del contribuyente.
Los 5,6 millones restantes se abonarán con la justificación de que los ingresos eléctricos del servicio de Tirme este año no han sido los estimados inicialmente. El Consell todavía sigue negociando el precio de la tarifa de 2025, pero desde la institución esperan que estas sumas sean suficientes para que se quede tal y como está ahora, en 114 euros por tonelada tratada.
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Se cree esta "senyora" que todos van a ser como ellos.