El puerto de Calanova tiene concesión por un periodo de 29 años. | R.L.

TW
38

El ‘caso Calanova’ plantea un riesgo para la Administración autonómica. Si la causa penal fracasa, el Govern podría verse con una condena en otro procedimiento y tendría que afrontar entonces condenas millonarias. Una de las empresas que perdió el concurso, Curvas Sport S.L., llevó el concurso ante la Sala de lo Contencioso del TSJIB antes de que se iniciara el procedimiento penal. La resolución de ese pleito quedó congelada entonces a la espera de que termine el juicio y se dicte sentencia.

El fondo de ese procedimiento comparte un punto con el penal. Se cuestiona por qué se permitió a la concesionaria presentar una oferta más elevada al valorar amarres para embarcaciones de más de 25 metros mientras el resto de empresas se ciñeron a los que aparecían en las bases. La otra pata del penal, el supuesto trato de favor al socio de despacho del entonces conseller, Carlos Delgado, no está encima de la mesa. Ocurre que, en el caso de una condena penal, serían los condenados quienes tendrían que hacer frente a las consecuencias de un contrato amañado, en especial la adjudicataria, Port Olímpic Calanova, que perdería la concesión, según solicita la Fiscalía Anticorrupción en su calificación inicial, al anularse ese contrato. Una condena por prevaricación a la empresa evitaría cualquier consecuencia económica para la Administración pública.

Noticias relacionadas

Sin embargo, en caso de una sentencia absolutoria, se reactivaría el procedimiento contencioso. Ahí, las consecuencias de una condena serían costosas para las arcas públicas. En esa situación, la condenada sería la Comunitat Autónoma y, por tanto, le podrían reclamar una indemnización elevada tanto la empresa que perdió el concurso como la que fue adjudicataria. La concesión fue otorgada por un plazo de 29 años, que no expiran hasta 2043. Por lo tanto, la empresa podría reclamar por las inversiones que ha realizado y los años que le quedan. La aspirante lo haría por los que no disfrutó.

La Abogacía de la Comunitat llegó a contestar oponiéndose al contencioso y defendiendo cómo se había desarrollado el concurso. Sin embargo, al aparecer los indicios de enriquecimiento en torno al socio de Delgado y las maniobras en la sociedad que impulsaron la causa penal pasó a ser acusación particular, condición que mantiene y que todavía aguantará al menos hasta el trámite de conclusiones en el juicio, que está previsto para finales de la próxima semana. Tendrá entonces que decidir si mantiene la acusación contra Carlos Delgado o no. Durante buena parte del juicio, la Abogacía había sido una de las acusaciones más combativas en los interrogatorios a acusados y testigos. Sin embargo, en la sesión del pasado jueves, de forma sorpresiva, el órgano judicial que dirige Antònia Perelló decidió cambiar a su representante en las sesiones, aunque la Conselleria justifica que el anterior aún está asignado a la causa. La medida ha causado extrañeza en ambientes jurídicos y ha sido muy comentada.

El juicio penal se prolongará hasta el próximo día 17. La Fiscalía reclama una condena de un año y nueve meses de cárcel para Delgado y el antiguo secretario general de la Conselleria, Joaquín Legaza, a los que acusa de prevaricación y de tráfico de influencias.