El Tribunal Supremo revoca una doble condena por una estafa en Airbnb

La acusada participaba en una red formada por más de 40 personas dedicada durante años a cometer estafas informáticas en todo el territorio nacional. Su especialidad era el phising, la suplantación de identidades para desviar pagos a supuestos proveedores. Durante algo más de un año, la trama consiguió engañar a medio centenar de ayuntamientos y administraciones públicas además de decenas de particulares, entre ellos cuatro en Mallorca. Para estos afectados, la mayor parte de los timos consistían en falsas ofertas de alquileres, bien a través de portales inmobiliarios o bien de oferta turística temporal.

En ese esquema, la mujer condenada por un juzgado de lo Penal de Palma ocupaba uno de los niveles más bajos de la organización. Su misión era abrir cuentas bancarias con su propia documentación que servían para recibir el dinero que provenía de los fraudes. Cada vez que le llegaba una transferencia de entrada de dinero tenía que acudir de forma inmediata al cajero automático para retirar esa cuantía antes de que la entidad bancaria o el afectado pudiera reaccionar. Al emplear sus documentos quedaba expuesta a cualquier investigación de forma mucho más evidente que los cerebros de la trama.

Pena de cárcel

De esta manera, en junio del año pasado fue condenada por un delito de estafa en Palma a una pena de seis meses de prisión. Aquella sentencia se basaba en que había proporcionado su cuenta corriente para que se realizara a e la misma la transferencia del precio de un alquiler en Aribnb en Palma. En total la víctima transfirió 1.440 por esa reserva, una cantidad que fue retirada de la cuenta corriente.

Ocurre que es misma estafa formaba parte ya de los hechos, mucho más complejos que se habían juzgado en la Audiencia Nacional. En esa ocasión había sido condenada también por estafa y por un delito de organización criminal a penas de cumplimiento obligado en prisión. En total fueron tres las transferencias que había recibido según lo que se investigaba en aquella causa: todas por alquileres.

Ante la doble condena por unos mismos hechos, fue la Fiscalía quien actuó de oficio y planteó un recurso extraordinario de revisión contra la última sentencia, la del juzgado de Palma, que en aquel momento ya era firme. El Supremo concluye que los hechos de ambas condenas son los mismos y acepta la revisión extraordinaria, un mecanismo para poder actuar en casos similares. Entiende que se ha infringido el principio ‘non bis in idem’ y castigado dos veces un mismo comportamiento.