El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Luis
Martínez Noval, acusó ayer en el Pleno del Congreso al presidente
del Gobierno, José María Aznar, de cometer delito de prevaricación
por la concesión de una ayuda de 198 millones a la empresa textil
Torcidos Ibéricos acogiéndose al Plan de Reactivación de Cuencas
Mineras.
Aznar replicó que no es «razonable» que el jefe del Ejecutivo
tenga que conocer la «literalidad» de los expedientes de las
subvenciones, y subrayó que, en cualquier caso, la Administración
actúa en todos los asuntos que le conciernen ajustándose a los
principios de legalidad.
El diputado socialista vinculó el caso de Torcidos Ibéricos,
empresa que se acogió al Plan de Reactivación de Cuencas Mineras
aunque no se encuentre en una población minera, con el «trato de
favor» que a su juicio está dando el Gobierno «a sus amigos»,
colocándoles al frente de las principales empresas públicas que se
privatizan.
La respuesta de Aznar fue clara: la Administración actúa en
todos los asuntos que le conciernen ajustándose a los principios de
legalidad. Señaló que no es razonable pretender que el presidente
del Gobierno «se conozca la literalidad de 2.500 expedientes de
Industria de un servicio del Ministerio, como no parece muy
razonable que se conozca la literalidad de los expedientes de
tantas subvenciones como puede haber decenas de miles de la
Administración española».
A renglón seguido, subrayó que en el caso de Torcidos Ibéricos,
tiene «la convicción» de que los servicios de Industria actuaron
«ajustándose a las reglas y al principio de legalidad». «Si en
algún expediente de los muchos que tramita la Administración
surgiese alguna irregularidad de cualquier cosa, naturalmente, el
Gobierno la corregiría», agregó.
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