La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
acordó ayer abrir diligencias informativas a los 16 jueces vascos
que criticaron un documento del Gobierno sobre política
penitenciaria y reclamaron el acercamiento de presos de ETA a
Euskadi.
El vocal Emilio Olabarría, nombrado a propuesta del PNV y que ha
mostrado en varias ocasiones su disconformidad con la dispersión,
fue el único que discrepó «radicalmente» de esta medida, que es un
paso previo al expediente disciplinario, y que fue aprobada por
cuatro votos favor y uno en contra.
El portavoz del CGPJ, Benigno Varela, anunció que la Comisión
decidirá en una próxima reunión, cuando haya estudiado el informe
pormenorizado que ha encargado al Servicio de Inspección, si abre o
no expediente. De determinarse que han cometido tal infracción, la
falta sería grave, con lo que la sanción que llevaría aparejada
podría ser desde multa de 50.001 pesetas a suspensión temporal.
Con esta decisión la Comisión cumplía con el mandato del Pleno
del CGPJ que acordó por mayoría la remisión a este organismo del
escrito de los jueces y un fiscal, quienes opinaban que era urgente
que Aznar procediese a «rectificar una política penitenciaria
ampliamente contestada por quienes reivindican, con absoluta
legitimidad, la dignificación de la situación de los presos vascos
y el acercamiento de éstos a centros penitenciarios próximos a los
lugares de residencia de sus familiares».
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