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Cinco presuntos miembros de un 'grupo Y' de apoyo a ETA, entre ellos un concejal de HB, fueron detenidos en Navarra durante la madrugada del miércoles por la Guardia Civil, en una operación ordenada por el juez Garzón.

Entre los cinco detenidos se encuentra el concejal de HB del Ayuntamiento de la localidad navarra de Arbizu, Francisco Javier Razkin Flores. Los otros cuatro detenidos son los hermanos Francisco y José Luis Imaz Araña, Mikel Iosu Garciandía Razkin, todos ellos vecinos de Arbizu, y Manuel Garmendia Lakunza, vecino de Lizarraga.

Los detenidos, acusados de participar en diversos actos de sabotaje, fueron trasladados a la Dirección Nacional de la Guardia Civil en Madrid para ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

La Benemérita registró los domicilios de los detenidos, al menos tres en Arbizu y uno en Lizarraga, en un operativo ordenado por el juez Garzón en el que se incautó «numerosa» documentación, diverso material informático, fotografías, una «gran cantidad» de armas blancas, un pasamontañas y una garrafa de cinco litros con restos de aceite y gasolina, según fuentes policiales. El 'grupo Y' operaba en la zona norte de Navarra conocida como La Barranca y sus miembros están acusados de los últimos lanzamientos de cócteles molotov a camioneros que circulaban por la zona, de diversos actos de sabotaje y de cortes de carreteras.

El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, defendió esta actuación contra la violencia callejera y aseguró que «policialmente se ha actuado impecablemente». HB, por su parte, interpretó las detenciones como «un nuevo episodio en la apuesta represiva contra Euskal Herría».

El fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, ha acordado abrir diligencias de investigación penal al portavoz de Euskal Herritarrok, Arnaldo Otegi, por las declaraciones que efectuó el pasado domingo en las que calificó la muerte del presunto etarra José Luis Geresta de «asesinato» y «crimen de los aparatos del Estado». La actuación del fiscal donostiarra se ha producido en coordinación con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que dio su visto bueno.