Cinco presuntos miembros de un 'grupo Y' de apoyo a ETA, entre
ellos un concejal de HB, fueron detenidos en Navarra durante la
madrugada del miércoles por la Guardia Civil, en una operación
ordenada por el juez Garzón.
Entre los cinco detenidos se encuentra el concejal de HB del
Ayuntamiento de la localidad navarra de Arbizu, Francisco Javier
Razkin Flores. Los otros cuatro detenidos son los hermanos
Francisco y José Luis Imaz Araña, Mikel Iosu Garciandía Razkin,
todos ellos vecinos de Arbizu, y Manuel Garmendia Lakunza, vecino
de Lizarraga.
Los detenidos, acusados de participar en diversos actos de
sabotaje, fueron trasladados a la Dirección Nacional de la Guardia
Civil en Madrid para ser puestos a disposición de la Audiencia
Nacional.
La Benemérita registró los domicilios de los detenidos, al menos
tres en Arbizu y uno en Lizarraga, en un operativo ordenado por el
juez Garzón en el que se incautó «numerosa» documentación, diverso
material informático, fotografías, una «gran cantidad» de armas
blancas, un pasamontañas y una garrafa de cinco litros con restos
de aceite y gasolina, según fuentes policiales. El 'grupo Y'
operaba en la zona norte de Navarra conocida como La Barranca y sus
miembros están acusados de los últimos lanzamientos de cócteles
molotov a camioneros que circulaban por la zona, de diversos actos
de sabotaje y de cortes de carreteras.
El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, defendió esta
actuación contra la violencia callejera y aseguró que
«policialmente se ha actuado impecablemente». HB, por su parte,
interpretó las detenciones como «un nuevo episodio en la apuesta
represiva contra Euskal Herría».
El fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, ha acordado abrir
diligencias de investigación penal al portavoz de Euskal
Herritarrok, Arnaldo Otegi, por las declaraciones que efectuó el
pasado domingo en las que calificó la muerte del presunto etarra
José Luis Geresta de «asesinato» y «crimen de los aparatos del
Estado». La actuación del fiscal donostiarra se ha producido en
coordinación con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que
dio su visto bueno.
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