El presidente del Ejecutivo, José María Aznar, aseguró, desde
Portugal, que sobre el debate de la subida de las pensiones «no hay
ninguna novedad». Para Aznar, lo debatido ayer «es la ratificación
de que el Gobierno, frente a cualquier propuesta irresponsable,
garantizará el presente y el futuro del sistema público de
pensiones y, por lo tanto, que garantiza ese sistema frente a la
irresponsabilidad con la que se están comportando algunos».
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el portavoz del
Gobierno, Josep Piqué, arremetió duramente contra el secretario
general del PSOE, Joaquín Almunia. Piqué, que abogó por recuperar
el espíritu del Pacto de Toledo, acusó a Almunia de intentar
confundir a la sociedad al pedir un aumento de 2.000 pesetas de las
pensiones mediante decreto ley y le solicitó que sea «más riguroso»
en sus declaraciones.
«Es pasmoso», aseguró Piqué, quien explicó que si se suben estas
prestaciones por decreto ley sería exclusivamente una decisión del
Gobierno «hurtando esa discusión a la lógica controversia
parlamentaria y a la de los sindicatos».
A juicio de Piqué, la postura socialista «es tal cúmulo de
despropósitos», que consideró que «Almunia debería recuperar el
sentido común que permitió el espíritu del Pacto de Toledo». En
este sentido reprochó al PSOE que ahora pida «cosas que se podrían
haber hecho en sus 14 años de gobierno», cuestión de la que dijo
«es hacer el ridículo» y endureciendo su ataque, recordó que «a
Almunia en lugar de ministro de Trabajo se le llamaba el ministro
del paro».
El Gobierno aprovechó la coyuntura para echarse flores, y así,
Piqué dijo que «Almunia reconoce ahora que la situación es buena
para hacer algo que antes no se podía hacer», es decir, subir la
paga a los ancianos. En este marco, explicó que «no sería posible
si el Gobierno no hubiera orientado su acción a garantizar el
futuro de las pensiones».
Por ello, reiteró finalmente que el Ejecutivo mantiene su
compromiso de negociar la subida de las pensiones, pero siempre en
el Pacto de Toledo y asegurando que la viabilidad y sostenibilidad
del sistema no están en peligro. Sólo entonces, podría recogerse en
el anteproyecto de Ley de Presupuestos o a través de enmiendas en
el debate parlamentario que se desarrolle en el Congreso o en el
Senado.
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