Todas las cuestiones relativas a las pensiones no contributivas
deben permanecer en el ámbito de la competencia exclusiva del
Estado «para preservar un sistema de Seguridad Social público,
único y unitario para todos los ciudadanos». Así lo estima un
informe del Consejo de Estado hecho público ayer, que respalda al
Ejecutivo central en el conflicto con la Junta de Andalucía sobre
las pensiones. El Gobierno mostró su satisfacción tras conocerse
esta decisión, mientras el Ejecutivo andaluz recordó la decisión
del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión cautelar del
decreto del Ejecutivo andaluz sobre la subida de las pensiones y
aseguró que el Consejo de Estado «no dice nada nuevo».
El informe elaborado por el Consejo de Estado, basándose en
varias sentencias del Tribunal Constitucional, considera que «es
contrario al orden constitucional que una comunidad autónoma
establezca ayudas económicas complementarias a las pensiones de
jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas». Por
ello, recuerda que corresponde al poder legislativo determinar la
cuantía de las pensiones no contributivas, a la vez que subraya que
«entre la ley estatal y el decreto autonómico no se suscita sólo un
problema de rango normativo, sino un conflicto sobre titularidad y
ejercicio de competencias del Estado y de autonomía».
«Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez se
integran dentro de las prestaciones otorgadas por el Sistema de
Seguridad Social, ostentando en tal materia el Estado la
competencia exclusiva en cuanto a la legislación básica y el
régimen económico», destaca el alto órgano consultivo. Para este
Consejo, las decisiones que afecten a las pensiones no
contributivas deben permanecer dentro de la competencia exclusiva
del Estado con objeto de «preservar la unidad del sistema de
Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, único y
unitario para todos los ciudadanos».
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