El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), aunque rechazó la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial que le acompaña.
Al tratarse de una Ley de carácter orgánico dicha reforma
necesita la mayoría absoluta, que no se obtuvo ya que de los 323
votos emitidos, sólo los 154 del PP fueron a favor frente a los 141
en contra, de PSOE, PNV y Mixto, y 28 abstenciones, de IU, CiU y
CC.
De esta forma, el Pleno devuelve el proyecto de reforma de Ley
Orgánica del Poder Judicial a la Comisión de Justicia del Congreso,
que deberá emitir un nuevo dictamen. En sucesivas y múltiples
votaciones el proyecto de LEC, que no requería mayoría absoluta,
fue aprobado, por lo que de forma aislada seguirá su tramitación y
pasará al Senado.
Los aspectos de la LEC afectados por la reforma de la LOPJ se
refieren a la competencia de los tribunales superiores de Justicia
de las autonomías para conocer ciertas actuaciones, como el recurso
extraordinario por infracción procesal, recursos de casación.
Además, reconocimiento de sentencias extranjeras, impugnación de
laudos arbitrales o la regulación de la abstención y recusación de
jueces y magistrados.
El resto de materias reguladas por el proyecto de LEC no se ve
afectado por el rechazo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Tras la votación, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de
Gante, destacó a los periodistas el carácter histórico de la
jornada y subrayó el amplio consenso que se ha conseguido en torno
al nuevo texto y calificó de «anecdótico» el rechazo de carácter
orgánico del mismo, lo que atribuyó a razones electorales o «por
ceder a intereses corporativos».
El portavoz socialista, Juan Alberto Belloch, señaló que «el
proyecto tiene graves deficiencias técnicas. IU explicó que la Ley
no cuenta con el consenso necesario.
CiU y PNV, respectivamente, reclamaron mayores avances en cuanto
al uso de la lengua propia de la Comunidad en la Administración de
Justicia y en cuanto a la creación de cuerpos autonómicos que
sustituyan a los del Estado.
El texto legislativo aprobado es el más extenso de la historia
de la Democracia española, con 825 artículos.
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