En representación de la justicia española, la fiscalía británica
presentó ayer hasta 35 casos de tortura contra el ex dictador
chileno Augusto Pinochet en la vista judicial que empezó en un
tribunal de Londres. Rodeada de una gran expectación, la audiencia
comenzó pasadas las 10.30 de la mañana y, nada más ser identificado
el acusado, la secretaria del juez procedió a leer los 35 casos.
Nada más tomar la palabra, el fiscal, Alun Jones, dijo: «No estamos
aquí para determinar si Pinochet es culpable o si hay pruebas
contra él... sino para determinar si por los crímenes por los que
se le acusa» es extraditable a España.
Augusto Pinochet, que no comparecerá ante el tribunal, tiene 83
años, está enfermo y vive recluido en una residencia de las afueras
de Londres desde que fuera detenido por orden del juez Baltasar
Garzón. Garzón acusa a Pinochet de tortura, genocidio y
«desapariciones» durante el régimen militar (1973-1990) que siguió
al golpe de Estado contra el Gobierno de Allende. La audiencia
durará cinco días, tras los cuales el juez que preside, Roland
Bartle, dispone de unas dos semanas para emitir su fallo.
Mientras el juez escuchaba con atención, Alun Jones sostenía que
todavía hay 1.100 personas oficialmente «desaparecidas»,
presumiblemente torturadas y asesinadas, y al no haber aparecido
sus cuerpos se trata, a su juicio, de «un delito vigente». El
fiscal intentó desmontar desde el principio las previsibles
alegaciones de la defensa, en manos del abogado Clive Nicholls, que
sólo reconoce un caso de presunta tortura en la persona de Marcos
Quezada Yáñez.
Jones sostuvo que «aunque sólo fuera por este caso», según el
espíritu del dictamen de los lores, Pinochet no sería inmune. El
fiscal reconoció que el ministro del Interior, Jack Straw, quien
tiene la última palabra, dispone de «amplia discrecionalidad» para
intervenir en el caso.
La decisión del juez es apelable. Si falla que el general puede
ser extraditado a España, sus abogados pueden prolongar esta
decisión durante cerca de un año. Si el magistrado decidiera que el
hoy senador vitalicio no debe ser extraditado, también la fiscalía
podría apelar.
En algún momento del proceso "en todo caso al acabar esta
vista", el ministro del Interior puede adelantar al juez su
criterio y, por ejemplo, sugerirle que Pinochet debe regresar a su
país por razones de salud. El ex general padece hasta doce
enfermedades, entre ellas y según el último parte médico, diabetes,
asma, artritis, trastornos neurológicos y problemas de próstata. Ha
tenido, además, algunos derrames cerebrales. Para el Gobierno
chileno, su estado aconseja que regrese a su país para evitar el
riesgo de que muera. Terminada la exposición de la fiscalía "que
durará hasta hoy", le tocará el turno a la defensa, que dispondrá
de un tiempo similar antes de que el magistrado que preside se
retire a considerar el caso.
El fiscal Alun Jones resumió su intervención diciendo que los
cargos contra Pinochet «constituyen algunas de las acusaciones
criminales más graves de las que se han presentado ante un tribunal
inglés». El abogado de la acusación popular en la causa abierta por
la Audiencia Nacional contra Pinochet considera «muy improbable»
que la Justicia británica niegue la extradición a España del
general.
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