El ex dictador Augusto Pinochet no tendrá que estar presente mañana
cuando el juez Ronald Bartle, encargado del juicio de extradición
del general chileno a España, comunique el fallo que decidirá la
suerte del senador vitalicio. Así lo dictaminó ayer el magistrado
inglés, quien justificó su decisión en los problemas de salud del
ex dictador.
La defensa de Augusto Pinochet presentó certificados médicos
para corroborar que la salud del general chileno desaconseja su
presencia en la vista. Uno de los médicos de la defensa alegó que
el general ha sufrido dos derrames cerebrales y, por tanto, no está
en condiciones de acudir ante el Tribunal. El magistrado Ronald
Bartle hará público mañana viernes el fallo que decida la suerte
del ex dictador chileno. En caso de que la decisión del juez sea
contraria a la extradición de Pinochet, la Fiscalía británica
"representante de España" tiene la posibilidad de recurrir ante el
Alto Tribunal de Justicia. En caso contrario, también la defensa de
Pinochet tiene el derecho a acudir ante el Tribunal Supremo de
Inglaterra y Gales y, como última opción, a la Cámara de los
Lores.
Si finalmente, se da luz verde al proceso de extradición, será
el ministro británico del Interior, Jack Straw, quien deberá
decidir si continúa el proceso judicial o si se deja a Pinochet
volver a Chile por razones humanitarias. Mientras tanto, la
Audiencia Nacional remitió a la Fiscalía británica un escrito en el
que reitera la solicitud de que si la decisión fuera contraria a la
extradición de Pinochet, el fallo sea recurrido. La petición,
formulada por Juan del Olmo, el titular del Juzgado número uno y
sustituto de Baltasar Garzón, llegará a Londres por vía diplomática
y no por fax, método utilizado hasta ahora por el magistrado.
Esta petición coincidió con el desmentido del Gobierno, que
aseguró que el Ejecutivo no ha anulado la orden del juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón de recurrir en el supuesto de
que la Justicia británica decidiera rechazar la extradición de
Pinochet a España.
El portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, argumentó que «eso no es
posible» ya que el Gobierno español no es parte en ese proceso y,
aunque admitió el viaje a Londres de dos funcionarios de
Exteriores, añadió que la visita era «para estar al corriente de
cuáles van a ser los pasos sucesivos» en el proceso que se sigue
contra el ex dictador.
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